Juez ratifica que Nicolás Petro seguirá en libertad por ‘Caso Fucoso’: esto se sabe
Al hijo del presidente se le acusa de haber, presuntamente, direccionado contratos millonarios que eran destinados a población vulnerable del Atlántico.
Nicolas Petro. Foto: tomada de Instagram de Nicolás Petro
En audiencia de segunda instancia, el juzgado 5 penal del circuito con función de conocimiento de Barranquilla confirmó la decisión que negó imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Nicolás Petro Burgos, investigado por presuntas irregularidades en el denominado ‘Caso Fucoso’, con la Gobernación del Atlántico, donde se le señala, junto con su expareja Day Vásquez de haber, presuntamente, direccionado contratos por más de 3.000 millones de pesos destinados a población vulnerable.
Durante la diligencia, el despacho concluyó que, si bien las conductas imputadas tienen una pena considerable, la Fiscalía no logró demostrar un riesgo actual e inminente de no comparecencia del procesado.
El juez destacó que Petro “ha mantenido un comportamiento adecuado frente a la justicia, asistiendo a las audiencias e informando oportunamente sus cambios de domicilio”.
Asimismo, se valoró el arraigo familiar del imputado en Bogotá, donde reside en un inmueble cuya ubicación es conocida por las autoridades, además de su núcleo familiar.
Según el fallo, estos elementos permiten inferir “estabilidad y reducen la posibilidad de fuga”.
Finalmente, el despacho reiteró que medidas no privativas de la libertad, como la prohibición de salida del país, han resultado eficaces hasta el momento.
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‘Caso Fucoso’
La investigación de la Fiscalía se centra en el presunto direccionamiento de convenios entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Consciencia Social (Fucoso) durante los años 2021 y 2022.
Según las pruebas presentadas, se habrían manipulado procesos de contratación destinados a la atención de adultos mayores por un valor superior a los3.000 millones de pesos.
El ente investigador sostiene que Petro Burgos habría utilizado su influencia política para beneficiar a la fundación a cambio de dádivas, lo que ha derivado en cargos por tráfico de influencias y falsedad ideológica en documento público.