El alcalde de Popayán es investigado por negarse a hacer un concurso de méritos

Unidad Investigativa - Caracol Radio

El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, se niega a financiar un concurso de méritos dentro de su administración y enfrenta un proceso sancionatorio de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) por presunto incumplimiento de las normas que rigen la carrera administrativa.

El proceso en disputa busca proveer 407 cargos de carrera administrativa que hoy ocupan funcionarios provisionales en la capital del Cauca, donde no se han celebrado concursos de méritos durante los últimos 21 años. Aunque el municipio apropió en febrero 1.500 millones de pesos, de los cerca de 2.000 que se necesitan, no han sido transferidos a la CNSC, lo que ha frenado su ejecución.

El mandatario ha defendido públicamente su decisión. “Girar estos dineros es sacar a la calle, sin ninguna planificación, a 400 personas”, dijo recientemente ante el Concejo municipal, al advertir sobre el impacto social que tendría el concurso.

La Comisión Nacional del Servicio Civil, el órgano estatal que administra y vigila el ingreso, el ascenso y el retiro de los servidores públicos, busca corregir un problema crónico: la Alcaldía de la capital del Cauca lleva 21 años sin convocar un proceso de selección por méritos.

Por eso, en marzo de 2024 abrió la etapa de planeación y le pidió a la Alcaldía los insumos necesarios para adelantar el concurso, como el Manual de Funciones actualizado. La CNSC concluyó el mes pasado que “la entidad no los ha remitido de manera completa y consistente”.

En su opinión, el alcalde Juan Carlos Muñoz no sólo habría incumplido sus órdenes e instrucciones, sino que habría infringido varias normas de la carrera administrativa, como el artículo 209 de la Constitución, la Ley 909 de 2004 y la Directiva 15 de 2022, de la Procuraduría General de la Nación. En consecuencia, inició una actuación sancionatoria contra él, que podría acarrearle una multa de hasta 25 salarios mínimos mensuales (más de 40 millones de pesos), y compulsó copias al Ministerio Público, para que evalúe si procede una sanción disciplinaria.

Pero la Comisión no es la única que ha recurrido a los organismos de control por este caso. Veinticuatro trabajadores sindicalizados de la Alcaldía de Popayán escribieron al contralor municipal y al contralor general de la República para advertir sobre el supuesto detrimento patrimonial que se le causaría a la ciudad en caso de girarse los 1.500 millones de pesos. Su argumento es que estos recursos no pueden exigirse, como lo ha venido haciendo la CNSC, porque no se han cumplido los requisitos para hacer la convocatoria, como tener un Manual de Funciones actualizado. Y recuerdan que en 2018 se transfirieron 136,5 millones para un concurso que pretendía llenar 39 vacantes y que finalmente no se hizo.

Dos de cada tres vacantes, ocupadas en forma provisional

Según la Procuraduría General de la Nación, que hace vigilancia preventiva de la Función Pública, el 65 por ciento de las vacantes de carrera disponibles en las regiones están ocupadas en forma provisional. Esta incidencia está 16 puntos porcentuales por encima de la registrada en el orden nacional (48,7%).

“Esta saturación de nombramientos provisionales, sumada a un volumen significativo de cargos sin proveer (18.777 nacionales y 10.827 territoriales), genera un riesgo administrativo alto, pues afecta la eficiencia en la prestación de servicios ciudadanos”, se lee en un análisis del Ministerio Público.

Y el documento pone sobre la mesa otro problema que atenta contra la formalización del empleo público. “Al corte de marzo de 2026, la dependencia de la contratación indirecta es masiva, con 1.086.246 contratos de prestación de servicios suscritos por un valor de 32,93 billones de pesos”, advierte la Procuraduría. Esto ha generado 6.127 litigios, con pretensiones de 1,3 billones, que intentan probar la figura de contrato realidad, es decir, que lo que hay en cada caso es un contrato de trabajo y no una prestación de servicios.

¿Qué pasaría con los provisionales?

Los empleados provisionales no son de libre nombramiento y remoción. Si una persona cumple los requisitos de estudio y experiencia del empleo que va a desempeñar, puede ser contratado de manera temporal sin un proceso de selección. No se trata de un contrato de prestación de servicios, sino de un contrato de trabajo. De hecho, el retiro de una de estas personas requiere un acto administrativo motivado.

Los 407 empleados provisionales de la Alcaldía de Popayán podrán presentarse al concurso de méritos, que tendría alcance nacional y no solo regional. Esto quiere decir que cualquier ciudadano en el país puede aspirar a una de esas plazas.

Si el provisional supera las pruebas y entra a la lista de elegibles, podrá conservar su trabajo. De lo contrario, deberá cederlo a una de las personas que superen el concurso.

El alcalde Juan Carlos Muñoz ha manifestado su preocupación por los empleados provisionales con enfermedades catastróficas —como el cáncer—, así como por aquellos que son madres o padres cabezas de familia, las embarazadas y los que están cerca de la edad de pensión (prepensionados). De acuerdo con el secretario general de la Alcaldía, Edwin Muñoz, hay 17 trabajadores provisionales con alguna de esas condiciones, es decir, el 4 por ciento del total.

El mandatario reclama soluciones para ellos y una preparación pedagógica y psicológica, tanto para estar a la altura de los exámenes del concurso como para enfrentar la eventualidad de no ser seleccionados y quedarse sin empleo. La CNSC responde que estas capacitaciones deben estar a cargo de la oficina de Talento Humano de la Alcaldía.

Sin ser el único, el caso de Popayán ilustra muy bien la dificultad de crear una cultura del mérito dentro de la administración pública colombiana.

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