Recusan a juez en proceso por presuntas irregularidades en el Parque de las Aguas de Metroparques

La defensa de Álvaro Villada recusó formalmente a la Juez 38 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín dentro del proceso que se adelanta por presuntas irregularidades relacionadas con el Parque de las Aguas en Medellín.

Según informó el abogado Kevin Alejandro Giraldo Camacho, la recusación se fundamenta en una presunta afectación a la imparcialidad de la funcionaria judicial, quien previamente intervino en el mismo expediente al conceder e impartir legalidad al principio de oportunidad otorgado por la Fiscalía a la que sería la principal testigo de cargo, Laura Mejía Higuita.

De acuerdo con la defensa, la jueza realizó una valoración previa de elementos materiales probatorios que, según dicen, no han podido ser conocidos ni controvertidos integralmente por los abogados del procesado.

En ese sentido, argumentan que la garantía constitucional de imparcialidad exige no solo la ausencia de sesgo real, sino también que no exista duda razonable sobre la objetividad del juzgador.

La recusación también menciona que la testigo, pese a haber confesado delitos, actualmente se desempeña como empleada de la Contraloría General de Antioquia, situación que, según la defensa, podría representar un riesgo de interferencia o filtración de información, lo que será puesto en conocimiento de las autoridades competentes.

Otro de los aspectos que la defensa considera “llamativo” es que, existiendo más de cincuenta jueces con función de control de garantías en Medellín, el asunto haya recaído nuevamente en el mismo despacho que ya había evaluado aspectos estructurales del caso.

Para los abogados, esta circunstancia comprometería la apariencia de independencia judicial y el principio del juez natural como eje del debido proceso.

En el documento también se señala que la testigo habría tenido vínculos laborales con el partido político del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en un contexto en el que, según la defensa, se han producido pronunciamientos públicos que afectarían la presunción de inocencia de los implicados.

“La justicia penal no puede ser instrumentalizada con fines electorales ni convertirse en escenario de confrontación política”, indicó la defensa.