Capturas por presunta minería ilegal en San Pablo de Borbur genera protestas
Autoridades investigan presunta red que incluiría funcionarios y civiles en la extracción ilegal.
Tras las capturas de tres personas señaladas de concierto para delinquir, comunidades mineras anuncian movilizaciones en el occidente de Boyacá.
San Pablo de Borbur
Un operativo adelantado por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional en el municipio de San Pablo de Borbur, occidente de Boyacá, dejó varias capturas y generó preocupación entre comunidades mineras tradicionales. Las acciones judiciales estarían relacionadas con una investigación por concierto para delinquir y delitos asociados a la extracción y comercialización ilegal de esmeraldas.
El procedimiento, que se desarrolló con apoyo del CTI de la Fiscalía, inicialmente se manejó bajo reserva. Sin embargo, nuevas informaciones indican que las autoridades avanzan en el desmantelamiento de una presunta estructura que operaba en el sector conocido como La Mina, donde, según las investigaciones, se estarían sustrayendo esmeraldas pertenecientes a títulos mineros legalmente adjudicados.
Entre los capturados se encuentra el inspector de Policía de San Pablo de Borbur, así como dos líderes de los guaqueros ancestrales.
Frente a estos hechos, el presidente de la Asociación de Guaqueros de Coscuéz, Rafael Darío Peñaranda, expresó su preocupación por el impacto de las capturas en las comunidades mineras tradicionales. En diálogo con Caracol Radio, aseguró que algunos de los detenidos hacen parte de procesos de formalización.
“Estamos preocupados por lo ocurrido. A las personas capturadas se les imputó minería ilegal y concierto para delinquir, pero contamos con documentos y estamos en mesas de diálogo con el Gobierno Nacional. No somos mineros ilegales, somos mineros en proceso de formalización”, indicó.
También informó que la comunidad realizará un plantón en la Plaza central de San Pablo de Borbur, con el fin de exigir garantías y el reconocimiento de la minería tradicional y ancestral. “Coscuéz es un territorio de paz. Queremos que se respeten nuestros derechos y que las mesas de diálogo lleguen a un resultado concreto”, afirmó.
Asimismo, confirmó que la Defensoría del Pueblo ya fue notificada de los hechos y acompaña el proceso. Según el líder minero, la organización entregó actas y documentos que evidencian los acuerdos y compromisos construidos durante varios años con distintas entidades del Estado, entre ellas la Agencia Nacional de Minería.