Gobierno destina $47.000 millones para cumplir punto ambiental del Acuerdo de Paz
La ministra de ambiente Irene Vélez presentó en ICARRD+20 los avances en la implementación de la planificación ambiental participativa en municipios PDET de Caquetá, Meta y Guaviare.
En el marco de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, anunció que el Gobierno destinará 47.000 millones de pesos hasta 2027 para ampliar los procesos mediante los cuales comunidades campesinas definen cómo se utilizará la tierra en territorios priorizados por el Acuerdo de Paz.
Actualmente, ya se adelantan siete procesos en Caquetá y Guaviare, y la meta es alcanzar al menos 17 más en municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de Caquetá, Meta y Guaviare.
No solo entregar tierra, sino decidir qué hacer con ella.
La ministra explicó que la estrategia va más allá del acceso a la propiedad rural y busca garantizar que quienes habitan los territorios tengan poder real de decisión sobre el modelo productivo y ambiental que se desarrollará.
“Responder no solamente a un proceso de acceso a la propiedad (…) sino también a que quienes la habitan tengan poder de decisión sobre qué es lo que se hace en la tierra que se adquiere”, afirmó la funcionaria.
En ese contexto, Vélez planteó los dilemas que enfrentan las comunidades rurales: producir alimentos o cultivos energéticos, optar por sistemas cooperativos o corporativos, promover monocultivos o esquemas diversificados, e incluso decidir entre el uso de agroquímicos o modelos agroecológicos.
Ordenamiento del territorio y resiliencia climática
Según la funcionaria, estas decisiones están directamente relacionadas con el ordenamiento alrededor del agua y con la capacidad de los territorios para enfrentar la variabilidad climática, especialmente en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado y la deforestación.
El mecanismo forma parte del punto 1 del Acuerdo de Paz, correspondiente a la Reforma Rural Integral, que incluye el Plan de Zonificación Ambiental como herramienta para armonizar desarrollo productivo y conservación de ecosistemas estratégicos.
“La zonificación ambiental participativa hoy nos pone de cara frente a un cumplimiento claro del Acuerdo de Paz como un ejercicio de soberanía desde la sustentabilidad y la armonización entre la identidad campesina y la conservación de la naturaleza”, señaló la ministra.
Reforma Rural y desarrollo sostenible
La cartera sostiene que estos procesos buscan consolidar un modelo de desarrollo rural en el que el crecimiento económico no se contraponga a la protección ambiental, sino que ambas dimensiones se integren bajo decisiones tomadas por las propias comunidades.
Con los recursos anunciados y la ampliación proyectada hasta 2027, el Gobierno apuesta por fortalecer la Reforma Rural Integral en territorios PDET, donde la tierra, el ambiente y la participación campesina siguen siendo ejes centrales para la implementación del Acuerdo de Paz.