Inspectores de Convivencia y Paz advierten paro indefinido, ¿por qué?
Indican que hay incumplimiento de la ley que convierte al figura de Inspectores de Policía en Inspectores de Convivencia y Paz.
Policía Nacional
El gremio nacional de Inspectores de Convivencia y Paz lanzó una alerta pública ante el incumplimiento de la Ley 2492 de 2025 por parte de la mayoría de alcaldías del país, a pesar de que el plazo legal para su implementación venció el pasado 23 de enero de 2026.
Los funcionarios afirman que la omisión de los mandatarios locales está generando una crisis de inestabilidad laboral, jurídica y emocional, que lleva a condiciones de trabajo precarias, presuntas amenazas, acoso laboral y desconocimiento de derechos de carrera administrativa.
¿Para qué sirve la ley y cómo afecta?
La Ley 2492 de 2025 es una orden del Congreso de la República de obligatorio cumplimiento, que según Función Pública, lo que hace es transformar la figura de los “Inspectores de Policía” en “Inspectores de Convivencia y Paz” con eso se fortalecen sus funciones y se implementab requisitos académicos más estrictos (título profesional en Derecho y posgrado según la categoría municipal), además, crea equipos con un periodo de transición para ajustes funcionales y salariales.
“Cualquier alcalde que no haya emitido el acto administrativo de supresión y creación de estos empleos se encuentra en una situación de irregularidad administrativa con consecuencias jurídicas inminentes”, dice la denuncia.
El gremio sostiene que por lo menos el 95% de los alcaldes han desobedecido abiertamente el mandato legal obligatorio, incurriendo, según la denuncia, en actuaciones arbitrarias que podrían acarrear consecuencias disciplinarias, fiscales y penales, además de millonarias demandas por pagos retroactivos contra los entes territoriales.
La denuncia también va contra la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la que señalan de guardar silencio y dilatar la expedición de un concepto clave para la transición de los funcionarios de carrera, lo que habría permitido interpretaciones dispares de la ley en los municipios.
A esto se suma, según los inspectores, la falta de lineamientos claros que mantiene a cientos de servidores públicos en un “limbo jurídico” y vulnera principios de igualdad y debido proceso.
¿Por qué hacen la denuncia?
Los inspectores, relatan situaciones extremas, es decir, inspectores obligados a trabajar 24/7 por ser los únicos funcionarios en sus municipios, cumplimiento de funciones ajenas como tránsito, carencia de oficinas y equipos básicos, y presiones políticas bajo amenaza de insubsistencia.
El gremio recordó que la ley está vigente desde el 23 de julio de 2025, firmada por el presidente Gustavo Petro Urrego y su gabinete, y que las restricciones electorales no pueden usarse como excusa para incumplir un mandato legal.
