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Jennifer Pedraza denunció 779 nuevas irregularidades académicas en la Fundación San José

La representante aseguró que existen 35 nuevos casos similares al de Juliana Guerrero.

Jennifer Pedraza y logo de Fundación San José. Fotos: (Colprensa - Álvaro Tavera) / Facebook Fundación San José

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció 779 nuevas irregularidades académicas en la Fundación de Educación Superior San José, tras analizar información de 1.276 servidores públicos, egresados de esta institución.

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Además, aseguró que existen 35 casos muy similares al de Juliana Guerrero. Por lo que solicitó a la Procuraduría investigar la inacción del Ministerio de Educación.

Pedraza también cuestionó el incremento en la contratación de egresados de la San José durante el actual Gobierno, con 733 servidores públicos vinculados, lo que representa un aumento superior al 200 % frente a administraciones anteriores.

Para Pedraza, este contexto hace aún más urgente la intervención estatal. “Las irregularidades que rodearon el caso de Juliana Guerrero no son una excepción, son parte de una práctica sistemática que el Ministerio ha dejado avanzar”, sostuvo.

Frente a la actuación del Gobierno, la congresista fue enfática en señalar la inacción del Ministerio de Educación. “Si al ministro Daniel Rojas realmente le importaran los estudiantes afectados, la Fundación San José ya habría sido intervenida”, aseguró, al tiempo que criticó que, pese a conocer las denuncias desde marzo de 2025, no se adoptaron medidas de fondo y se permitió la venta de títulos irregulares.

Por estos hechos, Pedraza solicitó a la Procuraduría General de la Nación abrir una indagación disciplinaria contra el ministro de Educación y los funcionarios responsables de inspección y vigilancia. “El Ministerio tiene todas las competencias legales para intervenir, corregir y evitar nuevas irregularidades, pero ha optado por la omisión”, agregó.

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Finalmente, la congresista advirtió que estos hallazgos solo representan una parte del problema, ya que la investigación se limitó a servidores públicos de la rama ejecutiva. “Falta revisar lo que ocurre en el sector privado y en otras ramas del poder público; esto apenas muestra la punta del iceberg”, concluyó.

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