Salario mínimo vital 2026: reacciones de centrales obreras y empresarios tras anuncio de Petro

El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el salario mínimo vital para 2026, que llegará a los 2 millones de pesos incluyendo el auxilio de transporte, desató una fuerte controversia en el país. Mientras las centrales obreras celebran la decisión como un avance en justicia social y cierre de brechas, gremios empresariales y sectores políticos advierten riesgos en empleo, inflación e informalidad, en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones de 2026.

Sindicatos respaldan el aumento y descartan efectos negativos

Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), su presidente Fabio Arias calificó el anuncio como una decisión histórica. Aseguró que el incremento dignifica a los trabajadores de menores ingresos y corrige una “profunda injusticia social” acumulada durante más de tres décadas. Según Arias, el aumento del salario mínimo no generará una escalada inflacionaria ni afectará costos como los arriendos, al recordar que estos solo pueden ajustarse con base en la inflación y no en el salario mínimo.

El dirigente sindical también destacó que, durante los últimos tres años, los incrementos al salario mínimo no produjeron los efectos negativos que tradicionalmente advertían los empresarios. Señaló que el desempleo ha disminuido, que la economía ha crecido y que Colombia se ha posicionado como una de las economías con mejor desempeño dentro de la OCDE. Además, defendió la desindexación del salario mínimo de múltiples tarifas, multas y servicios del Estado, lo que —según explicó— evita que el aumento se traslade automáticamente a otros costos para los ciudadanos.

Arias sostuvo que un mayor ingreso fortalece el consumo interno, impulsa el comercio y mejora la productividad laboral. También pidió mayor control del Gobierno para evitar prácticas especulativas que busquen trasladar el aumento salarial a los precios finales.

Empresarios advierten impacto en empleo, informalidad y tasas de interés

Desde el sector empresarial, la reacción fue de rechazo. Fenalco calificó el incremento del 23% como “irresponsable y populista”, al considerar que la mesa de concertación fue una “farsa”. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, advirtió que la medida golpeará el empleo formal, aumentará el gasto público y limitará la capacidad del Banco de la República para reducir las tasas de interés.

En la misma línea, ACOPI, que representa a las micro, pequeñas y medianas empresas, expresó preocupación por el impacto en el tejido empresarial que genera más del 80% del empleo formal. Su presidenta, María Elena Ospina, alertó que el aumento elevará los costos de producción, presionará los precios al consumidor y terminará reduciendo el poder adquisitivo real de los trabajadores cuando la inflación aumente. También advirtió efectos directos sobre créditos de consumo, vivienda y educación, ante un posible ajuste al alza en las tasas de interés.

Desde el sector agropecuario, el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, fue enfático en que la decisión afecta especialmente a los más de 13,6 millones de colombianos en la informalidad, de los cuales más de 11 millones ganan menos del salario mínimo. Según Bedoya, el incremento beneficia a cerca de 2,4 millones de trabajadores formales, pero deja por fuera a la mayoría de la población ocupada y puede cerrar aún más las puertas al empleo formal.

Reacciones políticas y debate de fondo

El anuncio también generó reacciones en el Congreso. Voceros del Centro Democrático y otros sectores de oposición cuestionaron el aumento y lo calificaron como una medida con fines electorales. Algunos congresistas advirtieron que el incremento podría traducirse en mayor informalidad, desempleo y presión inflacionaria, mientras otros lo señalaron como una expresión de populismo económico.

El debate sobre el salario mínimo 2026 deja en evidencia la profunda división entre sindicatos, empresarios y sectores políticos. Mientras el Gobierno y las centrales obreras defienden el aumento como una herramienta de justicia social y dinamización económica, los gremios insisten en que los efectos macroeconómicos podrían terminar afectando a los mismos trabajadores que se busca proteger. El impacto real de la medida comenzará a medirse a lo largo de 2026.