El magistrado Héctor Carvajal fue apartado del debate de Reforma Pensional en la Corte Constitucional

En una sesión extraordinaria, la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que el magistrado Héctor Carvajal no participará del debate de la Reforma Pensional.

Para llegar a esta determinación se tuvo en cuenta que Carvajal conceptuó para de Colpensiones sobre la constitucionalidad de esta ley, antes de que fuera elegido magistrado del alto tribunal. El entonce abogado del presidente Petro, tuvo dos contratos con esa entidad.

Con la salida de Carvajal, ahora serán los 8 magistrados restantes los que decidan sobre si la ley pensional quedó o no bien corregida en la Cámara de Representantes. De llegar a un 4-4 se asignará un conjuez.

Ponencia pide tumbar la Pensional

El magistrado Ibáñez Najar, actual presidente de la Corte Constitucional, presentó una ponencia que propone declarar inexequible la Ley 2381 de 2024, norma mediante la cual se creó la reforma pensional.

El magistrado habría hallado vicios de procedimiento que no se lograron corregir en su nuevo paso por el Congreso de la República. La decisión final la tendrá la Sala Plena.

La decisión se basa en la omisión del debate del articulado del proyecto de ley por parte de la Cámara de Representantes, lo que impidió a las minorías congresariales ejercer plenamente su derecho a deliberar y presentar proposiciones modificatorias.

La Corte había identificado previamente este vicio en el Auto A-841 de 2025 y ordenó a la Cámara de Representantes someter nuevamente a discusión y votación la proposición sustitutiva que acogía el texto del Senado, garantizando que se debatiera con suficiencia y se votara el texto del proyecto de ley.

Sin embargo, durante las sesiones extraordinarias realizadas los días 27 y 28 de junio de 2025, la Cámara de Representantes solo cumplió parcialmente con lo ordenado.

Si bien debatió y votó la proposición sustitutiva, se negó expresamente a continuar con el debate del articulado. Por 100 votos contra 11, la plenaria decidió no reabrir la discusión del texto del proyecto, privando nuevamente a las minorías de la posibilidad de presentar y debatir proposiciones modificatorias.

La Corte Constitucional consideró que esta decisión constituye un incumplimiento del mandato judicial y reproduce el vicio original que se pretendía subsanar. En consecuencia, el magistrado Ibáñez pide declarar la inexequibilidad de la Ley 2381 de 2024.

La decisión, de aprobarse, implicaría el hundimiento definitivo de la reforma pensional, una de las principales apuestas sociales del presidente Gustavo Petro.

La ponencia será discutida a mediados de noviembre, pero el panorama no es favorable para el Gobierno. De los nueve magistrados que integran la Corte, no todos respaldarían la constitucionalidad de la norma.