Líderes de víctimas en Cúcuta denuncian amenazas e intento de secuestro

Cúcuta.

La Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del municipio de Cúcuta denunció una grave situación de riesgo que enfrentan varios de sus integrantes, quienes en los últimos días han sido víctimas de amenazas, hostigamientos e incluso de un intento de secuestro.

De acuerdo con Yuleima García Infante, coordinadora de la Mesa, los hechos más recientes ocurrieron el pasado 17 de octubre, cuando Lisbeth Díaz, representante del Enfoque de Derecho Victimizante de Desplazamiento Forzado, fue interceptada mientras se desplazaba desde el municipio de Sardinata hacia Cúcuta. En el sector de San Roque, entre Sardinata y la Ye de Astilleros, varios sujetos intentaron secuestrarla.

“Por fortuna logró llegar hasta el puesto de Policía de la Ye de Astilleros, donde los uniformados evidenciaron la situación y activaron de inmediato la ruta de protección”, explicó García Infante.

Otro episodio ocurrió el lunes 27 de octubre, durante una sesión del plenario de la Mesa de Víctimas.

Mientras se desarrollaba la reunión en el Centro Regional de Atención a Víctimas, uno de los representantes recibió un mensaje de texto amenazante.

Además, a las afueras del lugar, personas desconocidas intimidaron al representante de jóvenes, José Aníbal Arnulfo Arias, a quien le advirtieron que sabían que todos los miembros de la mesa estaban reunidos.

“Estas amenazas no son nuevas. Venimos denunciando reiteradamente la situación de riesgo y pedimos que se refuerce la seguridad en el Centro Regional, porque allí llegan alrededor de 400 personas al día, y hemos notado presencia de personas extrañas y hostigamientos constantes”, señaló la coordinadora.

Según García Infante, las intimidaciones estarían relacionadas con las denuncias que los representantes de víctimas han presentado sobre presuntas estafas y violaciones a los derechos humanos contra personas desplazadas que llegan a Cúcuta en busca de refugio.

“Estamos para orientar a las víctimas, pero eso ha generado malestar entre quienes se benefician de su necesidad. Lamentablemente, hoy quieren silenciar a los líderes”, expresó.

La Mesa de Víctimas ha solicitado reuniones urgentes con las autoridades del área metropolitana para revisar los esquemas de protección y exigir respuestas inmediatas. Aunque algunos de sus miembros cuentan con medidas otorgadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP), consideran que no son suficientes para garantizar su seguridad.

“Sabemos cómo está la ciudad, conocemos los hechos de violencia, y por eso pedimos que las rutas de protección se activen con prontitud. Es la vida de los representantes de las víctimas la que está en riesgo”, enfatizó García Infante.

Esta situación, añadió, ha afectado el trabajo que adelantan con las comunidades, pues han tenido que restringir su movilidad y adoptar medidas de autocuidado.

“Solo aumentaron un vigilante más en el Centro Regional, pero sin arma. No hay garantías para seguir desarrollando nuestro trabajo con normalidad. Nos ha tocado limitar la presencia en el lugar y suspender algunas actividades comunitarias”, precisó.

Desde la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas hicieron un llamado urgente al gobierno nacional y a las autoridades locales para que se tomen medidas efectivas de protección, se refuerce la seguridad en los puntos de atención y se garantice el ejercicio libre y seguro de los líderes sociales en la capital nortesantandereana.