Vigilancia privada pide agilizar trámites de armamento para garantizar seguridad electoral 2026
Afirman que es necesario adelantar los trámites de autorización de armamento para apoyar a la UNP en el Plan Democracia.
Armas de seguridad privada. Foto: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (Confevip), presidida por Miguel Ángel Díaz, advirtió por la urgencia de superar los retrasos en los trámites de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, especialmente en lo relacionado con la autorización de armamento para las empresas del sector.
Según la organización, esta situación afecta de manera directa la capacidad operativa de las compañías de seguridad privada que apoyan la labor de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el marco del Plan Democracia, cuyo objetivo es reforzar la seguridad de candidatos y liderazgos políticos durante los comicios de 2026.
“Estamos ante una coyuntura crítica para el país: se avecinan elecciones presidenciales y el Estado solicita reforzar los esquemas de protección. Sin las autorizaciones necesarias, nuestras empresas no pueden cumplir con esa responsabilidad. Por eso insistimos en medidas inmediatas que permitan responder con eficacia a las demandas actuales y a los desafíos de los próximos meses”, afirmó Miguel Ángel Díaz.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral (MOE) reporta que en lo corrido de 2025 se han registrado 106 agresiones contra liderazgos políticos, incluyendo amenazas, atentados y asesinatos.
Bogotá, Huila y Antioquia son las regiones más afectadas. Incluso, el reciente asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay fue citado por el gremio como un hecho que refleja la vulnerabilidad de la dirigencia en época electoral.
Reunión con el nuevo superintendente
En medio de esta coyuntura, Confevip sostuvo un encuentro con el nuevo superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Sadit Álvarez Morales, a quien presentó un paquete de propuestas para superar la crisis y fortalecer al sector como aliado de la seguridad ciudadana. Entre ellas destacan:
• Desregulación de trámites y modernización tecnológica: digitalización de procesos para eliminar retrasos y garantizar transparencia.
• Declaratoria de moratoria: extensión temporal de permisos ya otorgados para evitar la inhabilitación de empresas mientras se resuelven los atrasos institucionales.
• Delegación de competencias en control de armas: traslado de esta función al Departamento de Control de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE), entidad especializada en el tema.
• Canal de comunicación permanente: interlocución directa entre el gremio y la Superintendencia para resolver de manera inmediata problemáticas críticas.