Gobierno propone que la Armada pueda judicializar delitos directamente en altamar
Se trata del PEIMAR, una herramienta que le daría facultades de policía judicial a la Armada.
La embarcación tenía como destino Buenaventura en el Valle del Cauca. Crédito: Armada Nacional.
Ministerio de Defensa radicó en el Congreso un proyecto de ley que busca crear el Procedimiento Especial de Interdicción Marítima (PEIMAR), una herramienta jurídica que le daría a la Armada Nacional facultades de Policía Judicial para actuar directamente en altamar frente a delitos como narcotráfico, contrabando, trata de personas y pesca ilegal.
El texto, está compuesto por 10 artículos, y establece que los Guardacostas podrán adelantar actos urgentes de judicialización sin necesidad de regresar a puerto, utilizando medios virtuales y herramientas tecnológicas que garanticen la legalidad y el debido proceso.
Más eficacia contra el crimen organizado en altamar
Actualmente, tras la interdicción de una embarcación, la Armada debe trasladar a los capturados y las pruebas hasta tierra firme para que la Fiscalía adelante las diligencias judiciales, un procedimiento que, según fuentes de la Armada, estaría generando demoras y riesgos en los operativos.
Con el PEIMAR, los buques podrán mantenerse en operación continua, con el fin de reducir tiempos de respuesta y aumentando la capacidad de interdicción en zonas marítimas estratégicas utilizadas por el crimen organizado.
“El objetivo es cerrar espacios a las mafias que utilizan el mar para transportar droga y armas. Queremos que las operaciones sean más rápidas, más eficaces y que cada captura tenga un soporte judicial inmediato”, aseguró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante la radicación del proyecto en el congreso de la república.
¿qué implicaclones tendría?
De aprobarse, el PEIMAR convertiría a la Armada en un actor con atribuciones mixtas: militares y judiciales, un modelo similar al que ya aplican países como Estados Unidos y México en sus operaciones de control marítimo.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, acompañó la radicación, señalando que el procedimiento está diseñado para garantizar estándares internacionales de derechos humanos y debido proceso en la judicialización de los casos.
