Representante Wilmer Castellanos le pidió al Gobierno Nacional intervenir en la deuda de Gensa

Paipa

A pocas horas de que se cumpla el ultimátum del sector carbonero en el municipio de Paipa, el representante a la Cámara por Boyacá, Wilmer Castellanos, advirtió que más de 1.000 familias se encuentran en riesgo económico por la millonaria deuda que sostiene la empresa Gensa con los pequeños productores de carbón. La situación podría desembocar en un paro generalizado a partir del domingo 4 de agosto, con afectaciones al tránsito, a la economía local y a la estabilidad social de la región.

El congresista confirmó que sostuvo una reunión con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, junto a líderes del sector minero, con el fin de buscar salidas estructurales a la crisis.

“Solicitamos al ministro Palma que gestione, junto al Ministerio de Hacienda, el giro urgente de cerca de 25.000 millones de pesos a Gensa. Este dinero permitiría cubrir los pasivos acumulados y cumplir con los pagos pendientes a los mineros, quienes llevan más de seis meses sin recibir compensación por el carbón que han entregado”, explicó Castellanos.

El representante enfatizó que esta situación afecta a pequeños productores que dependen exclusivamente de esa actividad para sostener sus empresas y garantizar el pago de sus trabajadores. “No se trata solo de una deuda financiera. Estamos hablando de la sostenibilidad de todo un sector y del bienestar de cientos de familias que hoy viven al borde de la quiebra”, aseguró.

La termoeléctrica de Paipa, operada por Gensa, funcionó durante el año 2023 a plena capacidad, y hoy enfrenta problemas de caja derivados de los precios de venta de energía. “Es inaudito que una empresa que operó al 100% el año pasado hoy no tenga cómo pagar a sus proveedores”, agregó.

Además de las solicitudes de apoyo financiero, el representante propuso una auditoría exhaustiva por parte de la Contraloría General de la República a los estados financieros de Gensa, para determinar con claridad la situación real de la empresa.

“Le pedimos al Gobierno Nacional que no mire para otro lado. Es hora de que se comprometa con Boyacá, con los carboneros, y con la estabilidad de una de las pocas empresas públicas del sector energético que aún quedan. Gensa debería volver a tener su sede en el departamento y ser gestionada por personas que realmente conozcan y vivan la realidad del territorio”, sostuvo.

En la reunión también se abordaron temas relacionados con la transición energética en la región, incluyendo proyectos de granjas solares y programas de gasificación rural. “Nuestros campesinos no pueden seguir dependiendo de la leña. El gas natural debe llegar a las zonas rurales si de verdad queremos hablar de justicia ambiental y desarrollo”, apuntó el representante.