Enfrentamiento por operativo contra minería ilegal en Nechí: 6 mineros y 4 policías heridos
Los mineros se habrían opuesto al procedimiento, enfrentando a las autoridades con objetos cortopunzantes y contundentes.
Enfrentamiento en Nechí con la fuerza pública por operativos contra la minería ilegal. Foto: Cortesía.
Nechí, Antioquia
Un operativo contra la minería ilegal en zona rural del municipio de Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño, terminó en una intensa confrontación entre miembros de la fuerza pública y habitantes de la zona, que dejó a seis mineros y cuatro policías heridos.
Los hechos se registraron durante una intervención en un punto de explotación ilícita de minerales, donde fueron destruidas siete dragas, cinco excavadoras y dos motores industriales que eran utilizados para la extracción ilegal de oro.
Según el reporte de la Policía de Carabineros, en el lugar cerca de 300 personas se habrían opuesto al procedimiento, enfrentando al componente policial con objetos cortopunzantes y contundentes.
Tras agotar los intentos de diálogo, la institución activó la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), con el fin de controlar la situación y prevenir riesgos mayores para los uniformados y otros presentes.
Como resultado del enfrentamiento violento, cuatro integrantes de la UNDMO sufrieron contusiones y están siendo atendidos en el hospital de Caucasia. Asimismo, seis habitantes heridos fueron remitidos al centro asistencial de Nechí.
Rechazo de la alcaldía
Frente a lo ocurrido, la Alcaldía de Nechí emitió un comunicado oficial expresando su rechazo a los hechos violentos y su solidaridad con las víctimas.
La alcaldesa Yumaris Henríquez indicó que el diseño institucional del Estado debe regirse por el respeto a la dignidad humana y a la prevalencia del interés general. “Cualquier fin legalmente protegido pierde vigencia si, en su búsqueda, se sacrifica o se pone en peligro la vida”, señala el comunicado.
La alcaldía de Nechí advirtió sobre la necesidad de que las actuaciones de la fuerza pública estén sustentadas en el respeto por los derechos humanos, la legalidad y los principios democráticos. Además, exigieron el respeto de las garantías fundamentales por parte de todos los actores manifestando su voluntad institucional de liderar y apoyar los escenarios democráticos y dialógicos para la concertación de soluciones estructurales en las comunidades afectadas.