JEP declara como no amnistiable el atentado de las Farc contra el exministro Fernando Londoño

Bogotá

La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz declaró no amnistiable el atentado de las Farc contra el exministro de Interior de y de Justicia, Fernando Londoño, ocurrido el 15 de mayo de 2012, cuando él exalto funcionario se desplazaba por la ciudad de Bogotá en compañía de su esquema de seguridad. En estos hechos murieron el escolta y el conductor del exministro, varios civiles resultaron heridos y se registraron graves daños materiales. La explosión fue provocada por un artefacto adherido al vehículo en el que se desplazaba el funcionario por la Calle 74 con Avenida Caracas, en Bogotá. También destruyó un vehículo de transporte público y un local comercial.

La JEP concluyó que ni el exministro Londoño ni las víctimas que se encontraban en el lugar de los hechos cuando ocurrió el ataque tenían relación alguna con el conflicto armado: no participaban de manera directa en las hostilidades ni desempeñaban funciones vinculadas al enfrentamiento armado. Por el contrario, estaban protegidas por el Derecho Internacional Humanitario y no podían ser considerados objetivos militares legítimos. En consecuencia, el ataque no constituye una acción legítima y los delitos cometidos, entre ellos homicidio agravado, tentativa de homicidio, terrorismo y uso de menores, no son susceptibles de ninguna amnistía, es decir, un perdón judicial.

Por estos hechos fue condenado el exFarc Carlos Alberto Ocampo Castaño y, al no tener ningún beneficio jurídico, se ordenó vincularlo al Caso 10, que investiga conductas no amnistiables de la extinta guerrilla, en particular los ataques contra bienes y personas civiles en contextos urbanos. Asimismo, determinó su vinculación al Caso 07, por el uso de menores en la comisión de los delitos por los que fue condenado.

El beneficio de libertad transitoria y condicionada concedido el exFarc Carlos Alberto Ocampo Castaño se mantendrá vigente mientras se toma una decisión definitiva sobre su situación jurídica ante la Jurisdicción Especial para la Paz.