CNE abre investigación contra Juan Carlos Upegui por financiación irregular
Según información que tiene el CNE, esta campaña tuvo un financiamiento de contratistas, por fuera de la norma.
AME9238. MEDELLÍN (COLOMBIA), 21/10/2023.- El candidato a la Alcaldía Medellín Juan Carlos Upegui habla durante una rueda de prensa, el 20 de octubre de 2023, en Medellín (Colombia). Colombia celebrará el próximo 29 de octubre elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles y miembros de las juntas administrativas locales. EFE/Luis Eduardo Noriega Arboleda / Luis Eduardo Noriega A. (EFE)
Medellín, Antioquia
El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación administrativa contra Juan Carlos Upegui Vanegas, excandidato a la Alcaldía de Medellín, y su jefe de campaña Juan Pablo Ramírez Álvarez, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral para los comicios del 29 de octubre de 2023.
La actuación fue iniciada tras una denuncia presentada por el representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid Márquez, quien el 1 de noviembre de 2023 remitió al CNE una serie de documentos donde advertía posibles violaciones a la ley electoral. Según la denuncia, la campaña de Upegui habría recibido donaciones que superaban los límites permitidos y, además, provenientes de personas y empresas contratistas del Distrito de Medellín, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 27 de la Ley 1475 de 2011.
Exceso del 50 % sobre lo permitido
El CNE formalizó la apertura de la investigación mediante la Resolución N.º 01250 del 20 de marzo de 2025, en la que se formulan cargos contra el excandidato. De acuerdo con el documento, Upegui habría permitido ingresos que exceden en más de un 50 % lo autorizado por la normativa vigente, lo que constituye una falta grave.
La indagación se adelanta bajo el expediente No. CNE-E-DG-2023-043713 y tiene como objetivo determinar si se vulneraron las reglas sobre financiación electoral. En caso de confirmarse las irregularidades, Upegui podría enfrentar sanciones administrativas e incluso la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
