En Medellín hay “zonas rojas” en Poblado, Castilla, Guayabal y La Candelaria
Desde el Concejo se empezó a plantear la discusión de las denominadas zonas de tolerancia.
Cúcuta con La Paz
Medellín, Antioquia
Durante una sesión del Concejo de Medellín, expertos y corporados coincidieron en la necesidad de implementar políticas estructurales que enfrenten las causas profundas de la problemática de las denominadas “zonas rojas”, donde la explotación sexual, el tráfico de drogas y la trata de personas han sido normalizados.
Gravedad de la crisis social
La experta Danna Serrano, del Centro para la Familia Conciudadanos, advirtió que Medellín es percibida en redes sociales como un “burdel a cielo abierto”, lo que evidencia la falta de control y la crisis social que enfrenta la ciudad.
Cifras presentadas en el debate indican que el 95,2% de quienes ejercen la prostitución son mujeres de los estratos socioeconómicos más bajos, y que el modelaje webcam se ha convertido en una forma de explotación sistemática.
Otro de los temas críticos abordados fue la instrumentalización de niños en situación de calle. Se denunció que más de 1.300 menores viven en las calles de Medellín, muchos de ellos víctimas de explotación para generar contenido en redes sociales, sin una articulación efectiva entre las entidades encargadas de su protección.
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Medidas adoptadas y críticas
El concejal Andrés Felipe Rodríguez destacó avances en la atención a poblaciones vulnerables, como la instalación de una carpa humanitaria en El Bronx, donde se brinda atención médica a habitantes de calle con enfermedades de alto riesgo. Sin embargo, enfatizó que estas acciones son insuficientes y que el problema persiste en comunas como Castilla y Guayabal, donde el 30% de la población en situación de calle está concentrada.
Por su parte, el concejal Brisvani Arenas señaló que las “zonas rojas” reflejan una crisis social más profunda y denunció la facilidad con la que se acceden sustancias psicoactivas en la ciudad. También alertó sobre las condiciones inhumanas en los inquilinatos, donde niños y migrantes son víctimas de violencia y abuso.
Desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia, Sandra Milena Sánchez informó que en lo que va del año se han registrado 9.406 activaciones de emergencia social, de las cuales el 48,9% corresponde a población extranjera en crisis y un 12,1% a niños y adolescentes en riesgo.
El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, reportó 13 operativos en sectores como Provenza, Parque Lleras, El Poblado y el centro de la ciudad, donde se han desmontado cambuches y recogido toneladas de basura. No obstante, reconoció que estas medidas son reactivas y no atacan la raíz del problema.
Finalmente, Carolina Lopera Tobón, de la Secretaría de las Mujeres, destacó la vulnerabilidad de niñas y mujeres en estas zonas y anunció estrategias para mejorar la seguridad en espacios públicos como el Parque Lleras. Sin embargo, persisten dudas sobre la efectividad de estas acciones frente a una problemática estructural.