El ABC de la resolución con lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá

En Hora20 el análisis a fondo a un proyecto de resolución que produciría cambios de fondo en la planeación y organización del territorio en la Sabana de Bogotá, esto a partir de una resolución que publicó para comentarios el Ministerio de Ambiente y que generó fuertes reacciones en el Distrito por lo que se considera viola la autonomía territorial y limita importantes proyectos de infraestructura y de desarrollo para la ciudad.

Lo que dicen los expertos

Susana Muhamad, exministra de Ambiente, exsecretaria de Ambiente de Bogotá y exconcejal de Bogotá, explicó que la resolución no frena proyectos, “se están generando determinantes ambientales para el ordenamiento territorial de 39 municipios que se aplicará cuando haya modificaciones de los POT, reformulación o nuevos POT. Lo que esté aprobado hoy bajo un POT, sigue rigiendo”. Detalló que, en términos de uso del suelo, no hay implicaciones, aplica para modificaciones o nuevos POT hacia adelante, “segundo punto, tendríamos que mirar dónde están las consecuencias de mayor impacto de la resolución y eso tiene que ver con suelo rural”. Bajo ese aspecto rural, dijo que se busca que no se habilite para urbanización porque se considera que suelo de expansión y no urbanizado en lo urbano tiene capacidad para atender crecimiento poblacional de la sabana.

De otro lado, dijo que el suelo de especial importancia para la Sabana es importante ante la integridad baja y muy baja en lo ecosistémico, “se busca que lo que queda lo protejamos especialmente alrededor del agua, con especial énfasis en humedales y conectividad ecológica”.

Sandra Forero, concejal de Bogotá por el Centro Democrático y expresidente de Camacol, dijo que esta resolución toma competencias de las corporaciones autónomas regionales, los municipios y los concejos. Además, dijo que causa curiosidad la cartografía georreferenciada que se utiliza en la resolución, “en la cartografía se encuentra que tenemos ahora unas 42 mil hectáreas de humedales, 20 mil más de los que tenemos y 70 mil hectáreas de bosque. El problema no es el concepto de acá, ¿quién acá no quiere más humedales o bosques? Pero la cartografía se hace como si el territorio estuviera solo, desocupada, pero la ciudad se ha movido y es dinámica.

Detalló que lineamientos ambientales siempre hemos tenido, “esa es una ganancia del avance jurídico y la institucionalidad, entendimos que lo ambiental es determinante del ordenamiento. Ya hay lineamientos ambientales, que si se hace necesario ajustes, sí, peor esto rompe con todo y las competencias ha habido lineamientos y se ha desarrollado formalidad”. Por último, dijo que la cartografía tiene la intención de frenar o impactar proyectos existentes.

Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por Bogotá, dijo que hay una actitud valiente del ministerio y evidentemente sería controversial con actores municipales, “a la resolución le reconozco beneficios en protección de ecosistemas estratégicos y eso hay que hacerlo, ordenamiento territorial que se ha hecho desordenado, hay hacerlo alrededor de agua y ecosistemas. Seguridad hídrica se debe garantizar permitiendo proteger ecosistemas estratégicos y que la infraestructura que se construya responda a criterios ambientales medidas de transparencia también son importantes”.

Sin embargo, dijo que la crítica se concentra en la falta de coordinación y de participación en la construcción de esa hoja de ruta que es la resolución.

Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario, especialista en derecho administrativo y exedil de Bogotá, planteó que lo que demanda la Corte es que en este tipo de regulaciones se exija un diálogo real y eso se llama defender principio de participación en estrado social de derecho participativo, “ese diálogo se traduce en unas funciones concurrentes, lo que significa que no hay decisiones unilaterales, no hay vetos, hay un diálogo y eso se traduce también en que las disposiciones del orden nacional como resolución tiene competencia a tres verbos rectores: guías, políticas y directrices generales”.

Resaltó que hay dos principios amenazados y un derecho fundamental amenazado, “los principios de participación ciudadana y el de autonomía en la gestión territorial de los propios asuntos de entes territoriales, fundamentales en análisis administrativo”. En cuando al derecho fundamental, dijo que se pone en riesgo el de la propiedad privada.

Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, profesor universitario y columnista en El Tiempo, planteó que al ser interés nacional, la Sabana de Bogotá se habilita para que el Ministerio pueda sacar la norma, “fui redactor con el senador Turbay de ese artículo y no se imaginan la oposición tan brutal que hubo a que hubiera ese artículo, los urbanizadores en primer lugar y los constructores, algunos alcaldes, una oposición fenomenal”. Resaltó que esta resolución puede ser uno de los grandes legados ambientales de este gobierno, “es un legado ambiental en la historia para el país porque da una guía para el resto del país”. De otro lado, dijo que se han dicho imprecisiones, por ejemplo, que se viola autonomía de municipios sobre uso del suelo, “eso es falso, los municipios deben seguir los determinantes de mayor jerarquía. Un PNN el alcalde Galán no puede urbanizar en su POT”.