¿Qué se necesita en el corto, mediano y largo plazo para enfrentar la crisis de orden público?

En Hora20 el análisis al panorama humanitario del país en medio de una pérdida de gobernabilidad territorial, las diferencias entre mandatarios locales y el Gobierno nacional, los 11 focos de crisis humanitaria en el país y el anunciado paro armado de la guerrilla del ELN en el departamento del Chocó. Después una mirada a la gobernabilidad política ante el inicio de sesiones ordinarias en el Congreso, los votos que tiene el Gobierno y el impacto de escándalos como el de Papá Pitufo. Lo que dicen los panelistas

Ariel Ávila, senador de la república por la Alianza Verde, explicó que un paro armado es una práctica tradicional en grupos armados, “se basa en restricción a la movilidad, les impide moverse en buses y es un toque de queda en una determinada zona”. Detalló que en Chocó se restringe la movilidad por ríos, nadie puede salir ni entrar, “pero también en los últimos años se le suma que aprovechan para censar y carnetizar a la población”.

Manifestó que estamos en un momento de fragmentación del conflicto y eso hace que haya mucha violencia en muchas zonas del país, “la política de paz promueve fragmentación porque se sigue negociando con esos pedazos de las organizaciones armadas”. Resaltó que el Gobierno puede hacer muchas cosas, pero que no tendremos resultados rápidos, “el Plan Democracia debe dar cuenta de la protección de los candidatos en Cámara de Representantes y prevención junto con Fiscalía y CNE de filtración de recursos ilegales”. También apuntó que debe haber una fuerza de tarea especial contra cada organización criminal y reconstruir la inteligencia de las Fuerzas Militares.

Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario, exsecretario de Transparencia de la Presidencia y columnista, señaló que no hay política de seguridad cuando 28 de 32 municipios del Chocó están confinados, cuando se habla del mayor registro de desplazamiento desde 1997 y cuando no se ha convocado el CIPRAT, “estamos ante un colapso administrativo en todos los frentes, pero el más sensible es el de seguridad”. Enfatizó que el país enfrenta un problema de seguridad y de falta de planeación porque no hubo una política seria y se confió de los ceses, “a largo plazo la hoja de ruta es lo que se firmó en 2016, donde se firmó un plan de desarrollo de inversión social y participación política. La violencia y fenómenos criminales se reproduce en las grietas de la corrupción y eso no se logró hacer con un ministro como Velásquez”, dijo en referencia a los errores del ministro saliente de Defensa sobre los planes de depuración que tenía Velásquez en el ministerio.

Para Laura Bonilla, politóloga, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, lo del ELN en Chocó es un intento de retomar su posición, “pero también lo de Catatumbo y puede que Arauca se prenda. El tipo de guerras que vivimos es donde hay control de población, tránsito de alimentos, lo que sea que se mueva en la zona”. Además, dijo que el Clan del Golfo quiere tomar todo un corredor horizontal para salir hacia Venezuela y por eso se libra una guerra en varios puntos del país que comprende desde el Nudo del Paramillo, pasando por sur de Córdoba, Bolívar y Cesar, hasta llegar al Catatumbo.

Rescató que hoy el país no tiene la capacidad para atender la situación humanitaria, “hace mucho tiempo las cosas no estallaban así. En atención quien tuvo que salir a responder fue la Unidad de Víctimas que tiene presupuesto centralizado”. De otro lado, dijo que algo positivo tiene que salir de la situación que vive el país, “creo que estamos cerca de una conversación seria de país sobre seguridad”.

Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, abogado, magister en seguridad y defensa nacional, planteó que el gobierno pretende atender los llamados de emergencia humanitaria y de ahí colgarse y sacar decretos de conmoción interior, “las comunidades del Chocó en el Comité de Participación con ELN pedían que se resolviera los problemas de confinamiento, acá no hay hechos sobrevinientes. Esto se viene denunciando desde hace más de dos años”. Manifestó que lo que se vendió con los ceses fue la caída de enfrentamientos entre FF.MM. y grupos criminales, pero resaltó que no se previó el incremento de la violencia entre armados.

Dijo que el Gobierno no ha hecho mucho esfuerzo por recomponer capacidades y atender oportunamente las necesidades, “se trata de tomar medidas vía coyuntura y sacar réditos políticos”, en esa medida, dijo que se ve un deterioro acelerado de condiciones de seguridad y de miopía del gobierno por reconocerlo y actuar en consecuencia.

Sobre lo que se puede hacer, dijo que en la declaración como organización terrorista del Clan del Golfo por parte del gobierno de Estados Unidos, hay un concepto estratégico sobre convergencia de amenazas, “eso se puede usar para decirle a Trump que pare la migración y que le dé herramientas al gobierno colombiano para combatir al Clan del Golfo”.