Contraloría ve inviable el aplazamiento de su presupuesto, ya que se reduce en un 50,6%
El presupuesto de inversión solicitado por la Contraloría, fue de $424 mil millones, mientras que el valor aprobado en el Decreto 1523 de 18 de diciembre de 2024 fue de $186 mil millones, lo que representa una reducción de 56.05% de lo solicitado.
El pasado miércoles 18 de Diciembre, fue aprobado el Decreto 1523, por el cual se expidió el monto del Presupuesto General de la Nación del 2025, el cual compromete más de $130 mil millones del presupuesto de inversión de la Contraloría General de la República, reduciendo su monto en un 50,06%. En ese sentido, el Contralor, Carlos Rodríguez, hace un llamado al Gobierno, a reconsiderar este aplazamiento, ya que, asegura que este pone en riesgo la operatividad y la ejecución de las funciones de la entidad.
Según Rodríguez, esta medida, puede tener repercusiones en su capacidad para llevar a cabo sus funciones. Además, la reducción y postergación de los recursos comprometidos ‘‘afectaría los avances en modernización tecnológica, lo cual es crucial para optimizar los procesos de control fiscal y auditoría’' añadió.
Este aplazamiento también dificultaría el fortalecimiento de las competencias del personal, limitando la capacitación de los funcionarios y afectando la calidad del trabajo de la Contraloría, según Rodríguez, y en consecuencia, ‘‘la capacidad de evaluar la efectividad de las políticas públicas y el cumplimiento de los objetivos gubernamentales se vería reducida, lo que impactaría negativamente en la transparencia y en la rendición de cuentas’'.
Gestión de la Contraloría y la importancia de un presupuesto adecuado
El Contralor, Rodríguez hizo énfasis en el trabajo que ha hecho la Contraloría en estos dos años, por lo que aseguró que, un presupuesto adecuado es esencial para continuar con esta labor.
Asimismo, la Contraloría destacó la necesidad de los recursos suficientes para mantener sus operaciones, fortalecer su infraestructura tecnológica y continuar con sus procesos de modernización. Sin estos recursos, ‘‘el riesgo de comprometer la efectividad del control fiscal es elevado, lo que podría dar lugar a la desconfianza ciudadana y la pérdida de la reputación institucional’' afirmó, Rodríguez.