Funcionarios del centro zonal sur oriente del ICBF en Medellín denuncian no tener sede
Ante esto, el ICBF aseguró que se decidirá si continuar o no en el inmueble una vez finalicen reparaciones, y aseveró que los funcionarios atenderán a los usuarios desde la virtualidad o en otras sedes, por lo cual no se ve ni se verá comprometido el servicio de la entidad.
Sede del ICBF en Medellín. / Caracol Radio
Medellín, Antioquia
Caracol Radio conoció la denuncia de cerca de 100 funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del Centro Zonal Sur Oriente de Medellín, quienes denuncian no tener nueva sede luego de 14 días de dejar la anterior ubicada en la carrera 70 #42-37, en la comuna Laureles-Estadio, centro occidente de Medellín, por supuestas malas condiciones en la infraestructura y un incendio que obligó a evacuar el edificio. Según le revelaron a este medio de comunicación, el edificio fue arrendado por la Unidad Nacional de Víctimas hace cerca de 15 años, y luego de una reunión el pasado lunes, el ICBF decidió no renovar dicho contrato de arrendamiento, por lo cual, en la actualidad, no habría un espacio físico para esta zonal.
Así lo dijo Diego Brand, defensor de familia y vocero de los denunciantes.
“El contrato con la Unidad de Víctimas finalizó precisamente el domingo. No se renovó y en consecuencia ya empezó el proceso de desalojo del centro zonal, llamémoslo así”.
Además, agregó que dicho centro atiende a la población menos favorecida de Medellín.
“Uno de los centros urbanos más importantes del país en cuanto a población atendida no tiene en este momento una sede donde continuar funcionando y por la especialidad de nuestra población, su vulnerabilidad, no es fácil decir que vamos a pasar a una total virtualidad. Nosotros atendemos a la población más vulnerable del país, a la gente más pobre”.
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Estos funcionarios cesaron actividades el pasado 13 de diciembre en protesta por supuesta precariedad en condiciones de infraestructura. Aseveraron que además de la incertidumbre por no tener sede, la situación comprometería la atención de las comunas: 8, 9, 10, 11, Santa Elena y San Antonio de Prado y 12 defensorías de familia. Según Brand, la ausencia de sede afecta en promedio a 100 familias por semana, quienes no podrían acceder de la mejor manera a los servicios de la entidad desde el trabajo en la virtualidad.
“Alrededor de 100 familias semanales están viendo perjudicados sus trámites de protección. Entre ellos, audiencias en los procesos de protección de niños que pensaban ser reunificados con su familia antes de Navidad, verificaciones de derechos de niños que puedan estar en riesgo, la atención de actos urgentes también se ha visto bastante afectada, audiencias de conciliación en temas de alimentos de niños, niñas y adolescentes, de visitas, de custodia. El cálculo nos da 100 familias afectadas por semana”.
No afecta el servicio trabajar desde la virtualidad: ICBF
Ante estos hechos, el ICBF hizo público un comunicado donde aclaró que el arrendador, es decir, la Unidad Nacional de Víctimas, iniciará una ruta para lograr la reparación del inmueble en todo lo que tiene que ver con el cableado eléctrico bajo la revisión de la entidad.
Aseguraron que, para garantizar la continuidad del servicio en condiciones seguras para los colaboradores y usuarios, durante el tiempo de las reparaciones, una parte de los funcionarios estará en teletrabajo y los demás se reubicarán en otras sedes administrativas en la regional, lo cual, según manifestaron, no compromete ni comprometerá la calidad del servicio. Así lo dijo Edgar Quevedo Moreno, director Regional encargado del ICBF Antioquia.
“Como instituto garantizamos no solamente el bienestar de nuestros trabajadores, sino de nuestras familias usuarias, razón por la cual se están atendiendo unos casos en la sede regional y otros están en trabajo en alternancia. Siempre se garantiza la atención de nuestros usuarios teniendo en cuenta la misionalidad del instituto y que hay un compromiso serio de revisar y hacer el acompañamiento a estos arreglos que se están generando”.
Por último, en contraposición a lo dicho por los denunciantes, desde el ICBF manifestaron que se decidirá si continuar o no en uso del inmueble una vez terminen las obras y se realice una evaluación técnica integral de la infraestructura para establecer sus condiciones de seguridad.