Los retos que enfrenta la reforma al Sistema General de Participaciones de cara al 2025
En el marco ‘Visión 2025: tendencias Colombia’ expertos discutieron los desafíos que enfrenta la viabilidad de esta reforma en los próximos años. ¿Cómo se implementará sin incurrir en un mayor gasto fiscal? ¿Están las entidades territoriales preparadas para ejecutar estos recursos?
En el encuentro ‘Visión 2025: tendencias Colombia’, la iniciativa de Prisa Media que analiza los temas políticos y sociales que marcarán la conversación el próximo año en el país, Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos; Juan Fernando Cristo, ministro del interior; y Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, conversaron sobre las preocupaciones y oportunidades que manifiestan diferentes entidades de cara a la reforma al Sistema General de Participaciones, aprobada recientemente.
Se trata de una de las reformas constitucionales más importantes que se han aprobado desde la Constitución del 91, pues se espera que traiga una mayor autonomía fiscal a los territorios y descentralización de las decisiones y procesos. Contempla el traslado del 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación a las entidades territoriales en un plazo máximo de 12 años a partir de 2027.
Desde Fedesarrollo, sin embargo, manifestaron preocupación en tres puntos clave: la falta de claridad del Acto Legislativo en los mecanismos de financiamiento, la falta de capacidad de las entidades locales y una posible desestabilización del panorama fiscal del país:
“Comparto el espíritu del proyecto de ley, estamos de acuerdo en la importancia de fortalecer la autonomía territorial y financiar competencias que cada vez son mas amplias. Nuestra crítica fundamental tiene que ver con el orden de la reforma. En vez de pensar en cuál es el inventario de competencias y recursos que se pueden trasladar de forma responsable, este proyecto de ley arrancó definiendo un monto de transferencia”, comentó Mejía.
Ante ello, Didier Tavera de la Federación Nacional de Departamentos, mencionó que, aunque es un reto “afortunadamente será algo gradual”. Además, resaltó que esta iniciativa debe verse como una oportunidad para descentralizar el Estado, fortalecer servicios básicos y cumplir derechos en territorios de las categorías más bajas.
“Hoy 12 millones de colombianos no tienen acceso a una red de alcantarillado. El 70% de los municipios de Colombia tienen el Plan de Ordenamiento Territorial vencido. Lo que pase con el Sistema General de Participaciones no debe ser visto como un gasto, sino como una inversión”, añadió Tavera.
Postura que comparte el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien aprovechó la jornada para aclarar dudas referentes a la reforma:
“Hay que mirar cómo fortalecemos los territorios; cómo llegamos a esos territorios como Estado. No podemos seguir gobernando desde las ciudades principales, es imposible. El gran desafío que tenemos es sentarnos a trabajar. El cambio siempre genera incertidumbre. La invitación es a que trabajemos en esta ley de competencias (...) Buscaremos cambiar la estructura tributaria territorial, trabajo que nos han reclamado los economistas por más de 30 años”, aseguró el funcionario quien, además, agregó que el Gobierno construirá una mesa técnica con académicos y expertos de todos los sectores para diseñar las bases de una Ley de Competencias y con ello, en enero, establecer un dialogo nacional.
Hoy, el país discute lo que acontecerá en los próximos años con esta reforma que, para los analistas, necesita aclarar urgentemente cómo se transferirán cerca de $51 billones sin generar un mayor gasto fiscal y sin incurrir en un déficit.
“No es lo mismo entregarle estas competencias a ciudades capitales que los municipios de categoría 5 y 6, que no tienen la capacidad institucional para ejecutarlos (…) El presupuesto de inversión fiscal para el próximo año total que planteo le gobierno es de $44 billones, lo que demuestra es que es una cifra muy importante que hay que aterrizar”, concluyó Mejía de Fedesarrollo.