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Por irregularidades, Procuraduría pide suspender licitación de 170 camionetas de la UNP

De acuerdo con el Ministerio Público, se deben ajustar los requisitos de acuerdo a los principios de la contratación estatal.

Unidad Nacional de Protección, imagen de referencia | Fotos: GettyImages y Colprensa

JUSTICIA

El pasado 30 de septiembre la Procuraduría General solicitó a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares que se suspenda el proceso licitatorio de 170 camionetas blindadas para la Unidad Nacional de Protección UNP por $ 74,107,500,000.

De acuerdo el Ministerio Público, en el ejercicio de su función preventiva, se le pide que se ajusten algunos principios de la contratación relacionados con la idoneidad y experiencia en el documento que reposa en el SECOP II.

Según las normas de contratación, “La experiencia requerida para presentar la oferta deberá ser acreditada mediante MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO VEINTE (20) contratos suscritos y ejecutados registrados en el RUP en la venta y/o distribución y/o comercialización de vehículos blindados en alguno de los siguientes códigos cuya sumatoria debe ser igual y/o superior al 100% del presupuesto oficial de cada grupo, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) es decir como mínimo 11401,15 SMMLV”.

Asimismo, si la empresa del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes ( Decreto 1082 de 2015) no obstante, según una observación de uno de uno de los proponentes, MDEFENSE, se estaba omitiendo esta regla.

“De lo expuesto, esta Procuraduría delegada advierte riesgos al no darle alcance a disposiciones normativas de imperativo cumplimiento, esto es, el Decreto 1082 de 2015, numeral 2.5, del artículo 2.2.1.1.1.5.2..

Segun la Procuraduría, la finalidad de esta norma es permitir que las sociedades que no cuentan con la experiencia suficiente para contratar con el Estado puedan apoyarse en la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes con el fin de incentivar la competencia en la contratación estatal.