Compradores de VIS en Sopetrán denuncian demoras y cobros excesivos

Antioquia

A raíz de la denuncia que realizaron compradores del proyecto Ciudadela Victoria de Viviendas de Interés Social en el municipio de Sopetrán sobre supuestas estafas y retrasos en el proyecto, nuevos testimonios han llegado a este medio de comunicación alegando supuestos incrementos injustificados en el valor de las viviendas que no correspondería al aumento de precios por el paso del tiempo. Además, la exinterventora del proyecto, denunció supuestas irregularidades en su constitución y en las obligaciones que tenía tanto la gerencia del proyecto como la administración municipal con la interventoría.

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Denuncias de los compradores

Los compradores del proyecto que se contactaron con Caracol Radio, denunciaron que el incremento en los precios de las viviendas durante el proceso de construcción, no correspondería al incremento en precios de materiales o la inflación, sino que sería, al parecer, de manera intencional por parte de la gerencia del proyecto. Reportan que, por las demoras en las obras, la gerencia estaría ofreciendo viviendas ya construidas a las personas que compraron en etapas del proyecto que no se han desarrollado, pero que estas no corresponderían a las características iniciales y tendrían un precio mayor.

Así lo dijo Marleny Maya Valencia, quien aseguró que desde la gerencia le solicitaron dineros por el incremento supuestamente injustificado en el precio de la vivienda, y al negarse, desistieron de su inversión.

“Ya cuando supuestamente mi apartamento estaba listo sin las condiciones que me habían ofrecido, me llamaron que necesitaban el reembolso del banco, del dinero del banco, porque yo fui una de las primeras que di la cuota inicial toda de contado. Yo le dije que no les iba a dar dinero y me desistieron del negocio. Me desistieron del negocio porque resulta ser que me di cuenta que me vendieron el apartamento y lo vendieron a un mayor precio”.

Otro de los compradores, quien solicitó que su identidad fuera reservada y su tono de voz alterado, dijo que se reunió con el señor Jorge Pérez, gerente del consorcio VISS, y este le ofreció una vivienda a mayor precio y de menor tamaño.

“Él nos ofreció un apartamento casi 30 millones más costoso de lo que habíamos acordado inicialmente. Y me dijo que me iba a respetar las mismas condiciones. Cuando nos fuimos al apartamento, me mostró un apartamento con menos metros, una habitación menos, un baño menos, y me quería meter a ese apartamento como si yo no supiera lo que había comprado. Él dice que espere a que esté mi apartamento, y el apartamento no tiene ni un ladrillo puesto. Yo entiendo que al pasar los años todo esté más costoso, por eso traté de conciliar, pero ese señor lo que hizo fue tratar de meterme a otro apartamento que ni siquiera eran las condiciones en las que yo había comprado”.

La respuesta del Consorcio

Caracol Radio se contactó con el señor Jorge Pérez, representante legal del Consorcio Viviendas de Interés Social Sopetrán, el cual, frente a esta denuncia, respondió que explicó que el aumento en los precios del proyecto corresponde a que las viviendas de interés social se venden en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, que se cobran al año de entrega. Por ende, cuando se incrementa el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, se aumenta el valor del inmueble.

“Acorde a la Política Nacional de Vivienda, los proyectos de vivienda e interés social se venden en salarios mínimos mensuales legales vigentes, que se cobran al año de entrega, no solamente en este proyecto, sino en todos los proyectos a nivel nacional. Se incrementa el salario mínimo mensual legal vigente, se aumenta el valor del inmueble, y esto pasa pues año tras año. Al cambiar de año, aumentan los salarios mínimos mensuales legales vigentes, aumentando el valor del inmueble. Es que, en el momento del cambio, también aumentan los salarios, pero también aumentan o suben del valor los subsidios”.

Sobre la oferta de cambios de inmueble, se respondió que el proyecto de vivienda de interés Social Ciudadela Victoria, está brindado la opción a las familias de torres futuras, que cuentan con el cierre financiero, que se puedan reubicar en las unidades de vivienda ya construidas y de entrega inmediata.

“El proyecto de vivienda de interés social, Ciudad La Victoria, está brindando la opción a las familias de torres futuras que cuenten con cierres financieros, que ya tengan aprobación de los subsidios y cierre financiero a través de los créditos hipotecarios para reubicarlas en las unidades de vivienda ya construidas y de entrega inmediata. Son apartamentos con las mismas características técnicas y cualidades a las que las familias escribieron inicialmente en el proyecto”.

Denuncias de la exinterventora

La señora María Camila Estrada, fue la interventora del fideicomiso PAD Ciudadela Victoria entre el 2019 y el 2023, y denunció presuntas irregularidades en la constitución del consorcio. Es correcto informar que la señora María Camila Estrada mantuvo una relación sentimental con el señor Mario Montoya, quien fue uno de los señalados en la anterior publicación de este medio de comunicación sobre el proyecto Ciudadela Victoria de Sopetrán.

La señora Estrada le suministró a Caracol Radio el contrato de conformación del consorcio VISS, el cual, en su clausula cuarta, referente al plazo de la misma, indica que la duración del consorcio fue del 23 de abril de 2019 hasta el 22 de abril de 2024, por lo que en la actualidad estaría vencido.

“Están actuando de una manera ilegal. Al no haber consorcio, el Fideicomiso, queda quieto y, por ende, si no hay Fideicomiso, no tendrían de qué manera estar vendiendo, no tendrían pues como autoridad para estar vendiendo y menos escriturando. Dime qué tranquilidad van a tener las familias en las escrituras y en la entrega de sus viviendas con un consorcio que ya está vencido y que no tiene un respaldo por parte del Fideicomiso, no están facultados para ejecutar las actividades que están realizando después del 22 de abril del 2024″.

Otra situación que relató la señora Estrada es que el proyecto en la actualidad no tendría interventoría.

Frente a esto, el señor Jorge Pérez le proporcionó a Caracol Radio una nueva acta de conformación del Consorcio, donde se indica en la cláusula cuarta, que la duración del mismo “será el que se emplee en la ejecución del contrato” y no podrá superar los 10 años de existencia, es decir, el Consorcio estaría vigente. Además, facilitó el Formulario de Registro Único Tributario de la DIAN, en donde se especifica que la vigencia del Consorcio es del 2019 al 2029.

Sobre la ausencia de interventoría en la actualidad, esto dijo el señor Jorge Pérez:

“Efectivamente, ese contrato ya venció. En la actualidad se está trabajando con las entidades pertinentes para contratar la nueva interventoría del proyecto, que es para que se permita continuar con el normal funcionamiento y desarrollo del proyecto. Así como está estipulado en la proyección financiera del proyecto, sí se requiere que, una vez nombrada la interventoría, se pueda continuar con todas las actividades de obra”. El representante legal mencionó que se avanza en el proceso de escrituración de las unidades de vivienda, el cual no necesitaría interventoría.

La señora Estrada agregó que la primera irregularidad con la que se encontró en el proyecto es que las obras habían iniciado sin interventoría, según ella, porque el municipio de Sopetrán desarrolló para dicho proyecto un Patrimonio Autónomo Matriz que eligió el desarrollador del proyecto, pero no una interventoría para el mismo, sino meses después. Producto de esta situación, indicó que se encontró con avance de obras sin declarar punto de equilibrio, comercialización congelada del proyecto y no había vinculación en la fiducia del proyecto, por lo que los dineros, al parecer, fueron recibidos en cuentas del Consorcio.

“Yo llegué en el 2019, en noviembre, y ya la obra estaba en ejecución. La obra se comenzó a ejecutar con el Patrimonio Autónomo Matriz. No había selección de interventoría. Y yo llegué y encontré muchísimas falencias constructivas y también financieras. Cuando llegué, me encontré que no había personas vinculadas en la fiduciaria, que acaban de darse de un encargo para iniciar el proceso junto con la fiduciaria, y la gerencia estaba recaudando dinero en cuentas personales o cuentas del consorcio”. Además, se alertó que en la actualidad la fiducia del proyecto, Alianza Fiduciaria, tendría bloqueados los recursos por pólizas, el vencimiento del consorcio y por supuestas deudas de la gerencia del proyecto Ciudadela Victoria.

Así las cosas, también se indicó que la municipalidad de Sopetrán, al parecer, no hizo presencia en la mayoría de los comités de obra, algo que tenía que realizar como parte de la supervisión de la interventoría y seguimiento del proyecto, pues el lote fue aportado por el Municipio.

“Ellos estaban asignados por medio de documentación, invitados cada ocho días, los días viernes a comités de obra. Yo durante los 36 meses que estuve allá, te puedo decir que si fueron a tres comités fue mucho. También toda la documentación, informes, comunicados que es de la interventoría que hacían alertas, fueron compartidos a ellos por medio de correos electrónicos, también por radicados oficiales y nunca hubo respuesta seria y formal”.

Por los reportes de la exinterventora del proyecto VISS, Caracol Radio buscó contactarse con la municipalidad de Sopetrán, en específico, su alcaldesa, Tatiana Carvallo, para consultarle sobre el rol de interventoría que debe ejercer la administración, y que, al parecer, no se ha llevado a cabo. A la fecha de esta publicación, ni mensajes ni llamadas han sido contestados. A pesar de esto, este medio de comunicación afirma estar abierto para que la administración municipal de Sopetrán explique su versión de los hechos.

Caracol Radio también contactó a Alianza Fiduciaria, la cual se negó a entregar información acerca de los recursos del proyecto Ciudadela Victoria por estar sujeta a reserva bancaria.

La señora Estrada también reportó que ninguna de las 116 viviendas hoy habitadas fueron entregadas por el Consorcio a la interventoría, pues, hasta el último día de su labor, es decir, hace 9 meses, no estaban al 100% terminadas. Otro punto denunciado por la exinterventora es el hecho de que se le haya declarado punto de equilibrio a las torres futuras, y que a hoy no han iniciado obra, lo que según explicó, pone en riesgo los recursos de las familias que compran los inmuebles. Por las eventualidades descritas, la señora Estrada solicitó en reiteradas ocasiones terminar y suspender su labor de interventoría, las cuales, según dijo, no fueron aceptadas ni por Fiducia, Municipio ni gerencia.

Sobre la declaración de puntos de equilibrio de unidades de vivienda futuras, el señor Jorge Pérez respondió que dicha acción se realiza con la finalidad de cumplir con la prefactibilidad económica, invirtiendo los recursos en obras de urbanismo como acueducto, energía eléctrica y alcantarillado.

El señor Pérez resaltó que para que los peritos de las entidades financieras y subsidiarias aprueben los créditos y montos, las viviendas deben estar finalizadas al 100 % para el momento de la visita, requerimiento, que según indica, se ha cumplido para las 116 viviendas entregadas.

“Todas cuentan con sus respectivos contadores y servicios públicos en proceso de legalización por las entidades pertinentes. Entonces bien sabemos que en Colombia hay una regularización con estos temas y pues directamente lo hacen las empresas prestadoras de esos servicios”.

Sin respuesta de BINM

Finalmente, se reporta que la empresa Banca de Inversión Inmobiliaria S.A.S., que se comprometió a responder al cuestionamiento de Caracol Radio el 11 de junio sobre presuntas estafas, no ha entregado ni el cuestionario ni se ha reportado para facilitar una posible respuesta.