ONU: Trata de personas en Colombia es amplificada por violencia, pobreza y grupos armados

La Relatora Especial sobre la trata de personas de Naciones Unidas, Siobhán Mullally, presentó su informe sobre Colombia tras realizar una visita a distintas regiones del país como Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Apartadó, Necoclí, Pasto e Ipiales entre el 22 y el 31 de mayo de 2023 para evaluar la situación de trata particularmente de mujeres y niños.

En su informe, se lamenta que “la situación actual en Colombia sigue caracterizándose por graves violaciones de los derechos humanos, incluidos graves riesgos de trata de personas, en particular cuando los grupos armados no estatales mantienen el control de los territorios y controlan y restringen la libertad de circulación mediante medidas de confinamiento y violencia sistémica”.

Persistencia de la violencia

En la visita, la Relatora identificó la existencia de posibles vínculos “ entre las organizaciones delictivas dedicadas a la trata de personas y los grupos armados implicados en actividades conexas, además de por sus actividades delictivas concomitantes, como la minería y la deforestación potencialmente ilegales, la producción, venta y suministro de coca, la explotación sexual de mujeres y niñas y el reclutamiento y la utilización de niños”.

En este aspecto se destaca que la trata de personas continúa a la par de distintos delitos relacionados a la violencia y la delincuencia como el secuestro, la extorsión, el reclutamiento forzado y la violencia sexual, todos bajo relación directa con el conflicto armado.

Los afectados

Aunque la relatora resalta que”los Pueblos Indígenas, los afrocolombianos y las comunidades de los departamentos de Antioquia, Bolívar, el Cauca, el Chocó, Nariño y el Putumayo se ven especialmente afectados” por las dinámicas de la violencia, también existe un especial problema para migrantes en el país teniendo en cuenta que en el país hay unos 3 millones de refugiados.

El acuerdo de paz

Para la relatora es clave que el gobierno entienda que “la  lucha contra la trata de personas exige una paz sostenible y duradera y rendición de cuentas por la trata relacionada con el conflicto, lo que incluye reparaciones y recursos efectivos para las víctimas” y con base en esto resalta la necesidad de avanzar en todos los esfuerzos por consolidar una paz en el país.

Los puntos destacados

La Relatora Especial acoge con satisfacción los progresos realizados en la política pública de desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones delictivas, destacando la amplia participación de estos en la trata de personas con cualquier fin de explotación. También “acoge con satisfacción la determinación del Gobierno de combatir la trata de personas y garantizar una respuesta a la trata conforme al derecho de los derechos humanos, que dé prioridad a los derechos de las víctimas y a las medidas centradas en los supervivientes”.

En el documento, la relatora destaca la posible participación de familiares y redes comunitarias informales en la trata, lo que requiere una mayor atención y la adopción de medidas eficaces.

Las sugerencias

En su informe, se pide recordar que “la consecución de las garantías de seguridad, la aplicación del Acuerdo de Paz, la prevención de la trata y la protección de los derechos de las víctimas requieren un fortalecimiento continuado y urgente de las instituciones civiles del Estado para garantizar la implementación efectiva del Acuerdo de Paz” y se agrega que “deben incorporarse medidas de lucha contra la trata de personas en la planificación nacional del desarrollo y los programas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Algunas recomendaciones

• Fortalezca las medidas para aplicar el capítulo étnico del Acuerdo de Paz y prevenir la trata relacionada con el conflicto, en particular entre las comunidades afrocolombianas e indígenas
• Garantice el acceso efectivo de las víctimas a reparaciones, asistencia incondicional, incluida asistencia psicosocial y médica, educación, formación y medios de subsistencia, e indemnizaciones,
• Garantice que, en las negociaciones con los grupos armados, se incluya en los acuerdos el compromiso de poner fin a todas las formas de trata de personas
• Fortalezca las medidas para proteger a las víctimas y a las comunidades de las represalias de los grupos armados y las organizaciones delictivas;
• Fortalezca la presencia, la capacidad y la dotación de recursos de las autoridades civiles en las zonas fronterizas para prevenir la trata de migrantes y refugiados
• Amplíe el acceso al estatuto temporal de protección a los venezolanos que llegaron de forma irregular después del 31 de enero de 2021 y tome medidas para reducir los retrasos administrativos en el registro y asegurar a los migrantes y refugiados el acceso efectivo a los servicios de salud;
• Adopte medidas urgentes para ampliar los recursos, la capacidad y la presencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en particular en las zonas fronterizas y afectadas por el conflicto y en las zonas rurales