CIDH: en Colombia se consolidó la cultura de la violencia por el conflicto

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó las observaciones preliminares de su visita a Colombia durante abril en la que se hizo una revisión y observación de la situación de derechos humanos en el país, particularmente bajo tres enfoques: la seguridad ciudadana, los impactos de la violencia y la implementación del acuerdo de paz.

Los puntos clave

• La CIDH identificó que en Colombia se consolidó una cultura de violencia como consecuencia del largo conflicto armado.
• Es necesario fortalecer los espacios de participación efectiva para alcanzar acuerdos políticos y sociales para implementar medidas que eliminen las violaciones a los derechos humanos.
• Las violaciones a derechos humanos tienen como base la violencia que surge del conflicto armado y la cultura patriarcal, racista y clasista.
• Las principales víctimas de estas violaciones son comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Niños, mujeres y miembros de la comunidad LGBTI.
• Se valora la implementación del Acuerdo de Paz y reafirma el apoyo a toda política de Estado que tenga por objeto alcanzar la paz a partir del diálogo participativo y el respeto a los derechos humanos.

Las culpas del Estado

La CIDH indica que la cultura de violencia se consolidó en el país porque históricamente la respuesta fue priorizar una respuesta punitiva y bélica, es decir, el uso de las armas y la mano dura alejándose de una seguridad multidimensional. Esto resultó contribuyendo en la consolidación de la violencia y debilitando la confianza en las instituciones.

“La violencia institucional del Estado se expresa en la negación del reconocimiento de la diversidad étnica, racial, de género y de identidades sexuales existentes en el país; así como en limitados esfuerzos redistributivos”, agrega la CIDH.

Soluciones

“La normalización de la violencia y la desconfianza hacia el Estado son fenómenos complejos que pueden superarse con espacios de diálogo constructivo que procuren la búsqueda de consensos y un enfoque de seguridad humana”, explica la Comisión.

Se agrega que es clave que “el Estado se haga presente en los territorios, de manera coordinada con las autoridades departamentales y municipales, y asegure la viabilidad de proyectos productivos, el desarrollo de infraestructura, el acceso al agua, la construcción de vías de comunicación, así como la oferta de alternativas reales para todas las personas, especialmente para la juventud”.

La Comisión pide no olvidar la situación del narcotráfico y recuerda que la sustitución de cultivos ilícitos, junto con el enfoque de derechos humanos incorporados en la nueva política nacional de drogas, requiere ser complementada con un abordaje regional dado el carácter trasnacional del tráfico de estupefacientes.

Recomendaciones de la CIDH

• Desarrollar políticas redistributivas que garanticen el acceso pleno a los derechos y disminuyan la desigualdad, así como a fortalecer su presencia integral en todo territorio.
• Cumplir con su obligación internacional de proteger la vida e integridad de las personas en todo el territorio nacional; y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las comunidades, en particular en aquellos territorios en los que se hayan decretado ceses al fuego bilaterales.
• Alinear las nuevas negociaciones con grupos armados a la ruta establecida en el Acuerdo de Paz de 2016 y fortalecer la coordinación entre autoridades nacionales, departamentales y municipales, garantizando la participación efectiva de las comunidades.
• Investigar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales responsables de graves violaciones de derechos humanos con enfoque intercultural, de género y generacional.

¿Dónde estuvo la CIDH y con quiénes hablaron?

En los cinco días de la visita, la CIDH estuvo presente en Bogotá y en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.

En este marco, entabló 50 diálogos con las autoridades de los diferentes poderes del Estado y sostuvo 45 espacios de escucha con pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes; campesinas; personas defensoras y con liderazgo social y comunitario; organizaciones vinculadas con los derechos de las mujeres, personas LGBTI, víctimas de desplazamiento forzado y movilidad humana, niñas, niños y adolescentes, personas privadas de libertad, familiares de militares y policías víctimas del conflicto armado.

También hubo conversaciones con organizaciones relacionadas con la lucha por memoria, verdad y justicia y con la implementación del Acuerdo de Paz y de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. También se sostuvo diálogos con sindicatos y gremios, representantes de la academia y organizaciones internacionales.