Medellín

Una comunidad de Necoclí denuncia presunto abuso de autoridad de la fuerza pública

Por este hecho que ocurrió el pasado 25 de mayo, toda la comunidad de una vereda Corcovado del corregimiento Mello Villavicencio.

Habitantes de vereda Corcovado de Necoclí- Foto cortesía

Habitantes de vereda Corcovado de Necoclí- Foto cortesía

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Los habitantes de la vereda Corcovado del municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño, denunciaron que presuntamente fueron víctimas de un abuso de autoridad por parte de la fuerza pública que, según ellos, los atropellaron durante un operativo realizado el pasado 25 de mayo a las 5:30 a. m. y que desencadenó que todos los habitantes del caserío entre 70 y 80 personas se despezaran este martes a la alcaldía para protestar y exigir respeto, pero el mismo día retornaron.

El abogado Jorge Jaramillo, vicepresidente de la Corporación Colombiana para la Defensa y Restauración de los Derechos Humanos (Corcodeh), que acompaña a las comunidades en la denuncia interpuesta, relató que un grupo de 26 personas vestidas con prendas militares irrumpieron en el caserío de manera violenta aduciendo el intento de una captura, pero que no mostraron ninguna orden, pero sí acciones violentas contra los civiles, además de las casas a las cuales les dañaron las puertas cuando pretendían ingresar.

“Personas de la población fueron puestas en el piso con sus botas en las espaldas, apuntándoles. Hicieron cuatro o seis disparos sin necesidad a moradores de ahí, casi que hieren a alguien. No hubo heridos. Tengo en mi poder un casquillo de esas armas de largo alcance disparadas por estas personas que son militares o que se hicieron pasar por militares”.

Indica que la comunidad llegó hasta el área urbana de Necoclí y allí fueron atendidos por la Defensoría del Pueblo y algunos concejales que escucharon sus quejas y reclamos ante lo que denominan un abuso de autoridad. Yeison Gallego, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda citada, asegura que se sienten atemorizados por esta acción.

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“El Ejército Nacional, donde atropellaron a los habitantes de nuestra vereda. Hoy nos sentimos inconformes porque nosotros esperamos del Estado, del gobierno, que nosotros como campesinos se respeten nuestros derechos. Y rechazamos profundamente ese hecho que se hizo en nuestra comunidad. Y yo, como presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Corcovado, quiero manifestar que esto sea aclarado”.

El abogado también dijo que la Defensoría indicó que iba a requerir la información al ejército del operativo de ese día y del personal que estuvo en la zona para aclarar lo sucedido e insisten en que esa tropa permanece en el territorio.

La comunidad no se opone a que haya militares pues sería ilógico que un ciudadano se opusiera a eso, pero sí que por lo menos sean militares que sepan hacer un operativo, que sepan llegar a la región y que sepan sobre todo tratar a la población civil que está digamos con una inmunidad frente al derecho internacional humanitario, lo cual no ocurre en el presente caso”, agregó el señor Jorge Jaramillo.

Pero, parece que esta no es la única situación que tiene atemorizada a la comunidad, ya que precisamente durante la protesta de este martes, se dio a conocer otro caso similar, pero contra un joven de la misma vereda, el hecho habría ocurrido el pasado 09 de mayo. Allí un joven habría sido retenido a la fuerza durante varias horas e intimidado a que tenía que entregar información de grupos ilegales. El muchacho fue citado con engaños a instalar una red wifi de internet, porque ese es su trabajo.

Este joven trabaja en toda esta región y al parecer un grupo de personas civiles lo citó para que lo instalara. Es bajo engaño porque él advierte que fue encerrado en un cuarto, pues él dará las explicaciones por qué esa denuncia se va a hacer penalmente ante la fiscalía. Y esta persona fue abordada por dos personas civiles inicialmente y luego entró un militar o policía. Estuvo secuestrado por un tiempo determinado, al parecer de una o dos horas, bajo la amenaza de que lo iban a extraditar, que ellos conocían que él instalaba ese tipo de aparatos en la región, lo cual no es ilegal”.

Caracol Radio contactó al ejército para conocer una posición sobre lo que denuncia la comunidad e indicaron que están elaborando un pronunciamiento oficial sobre esta situación.

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