Informes de HRW y Misión de Verificación, ¿en qué va la paz en Colombia?
Panelistas consideran que algunos de los informes pueden ser tibios, consideran que es urgente hacer cambios a la política en seguridad.
En Hora20 el análisis a dos informes que relatan la realidad de la paz en Colombia, por un lado, el informe anual de Human Rights Watch que da cuenta de la situación en derechos humanos, de lo que deja la paz total y de la violencia. Por otro lado, la presentación en Naciones Unidas del informe trimestral de la Misión de Verificación. Después una mirada al efecto político que está teniendo la audiencia de Nicolas Petro, hijo del presidente de la república.
El 2024 inició con una serie de informes que dan cuenta de la realidad de la paz en el país. Human Rights Watch en el informe mundial califica que el sistema de derechos humanos está bajo amenaza en el mundo y afirma que la tibieza de los líderes globales tiene mucho que ver con este panorama. En el plano para Colombia, la oenegé señaló que la violencia registrada en el 2023 llega a niveles similares a los años previos a la firma del acuerdo de paz con las Farc y advierten que la política de paz total del gobierno nacional no ha logrado reducir los abusos de grupos armados contra población civil, pues señalan más de 64 mil víctimas de confinamiento hasta octubre, 56 mil de desplazamiento y aumento en hechos como el secuestro y reclutamiento infantil.
Este jueves también tuvo lugar la presentación del último informe trimestral de la Misión de Verificación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, espacio en el que se recibió respaldo a la implementación del Acuerdo, se confirmó la visita del consejo para el mes de febrero al país y se remarcó en la idea de que el 2024 debe ser el año de la implementación en la que se acelere el ritmo y se materialicen compromisos. Sobre la idea de paz total y negociación que avanza con el ELN y EMC, señalan la importancia de fortalecer las condiciones de seguridad que, serían motivo de preocupación. Sin embargo, se resaltó la disminución del 16% de homicidios en municipios PDET en 2023, aunque esperan mayor trabajo, apoyo económico y consolidación de estas zonas, tema en el que coincide Human Rights Watch, así como en el papel que cumplirá la JEP este año. Mientras tanto recordamos al registrador del Chocó, Jefferson Elías Murillo y el funcionario del Sena, Blyderson Arboleda que continúan secuestrados, dos víctimas más de los 411 eventos de secuestro que ha registrado la Policía entre agosto del 2022 y octubre del 2023.
Lo que dicen los panelistas
María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, planteó que hay un contraste importante entre el informe, que considera más bien tibio de la Misión de Naciones Unidas sobre lo que sucede, frente al informe de HRW que también se nutre de otros informes como el de indepaz, “hay informes de nosotros en donde sí se marca que el año pasado fue un año en el que sí bien hubo leves descensos en algunas afectaciones, la situación sigue siendo muy compleja y las situaciones que se incrementan como el tema de confinamiento, que dan cuenta de la presencia de grupos armados ilegales en algunas zonas alejadas; entonces realmente la primera impresión es un contraste entre informe de la Misión de Verificación y el de HRW”.
Para Luis Felipe Henao, abogado, exministro de Vivienda y columnista en El Tiempo, la disparidad en las cifras sobre violencia está atada a cambios de metodología que ha realizado la Policía Nacional sobre homicidios, “uno ve el aumento de desplazamiento, el aumenta de secuestro y no hay resultados de un proceso ordenado metodológicamente sobre tener una paz total, uno ve un desorden con decisiones erróneas, con los distintos procesos como el de mordisco, clan del Golfo, Marquetalia; uno no ve direccionamientos claros en paz total”.
María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, planteó que si bien hay grandes responsabilidades en el gobierno nacional, es imposible que se logren avances en seguridad sin el apoyo de los gobiernos locales, “el Gobierno tiene el reto de escuchar y atender las solicitudes angustiosas, en el Valle la gobernadora está con el tema de Tuluá, pero en Cali el alcalde está desesperado con lo que ocurre; nuestro conflicto llega a las ciudades, el pandillismo, todo eso que ocurre en las ciudades, es el reto de la comunicación con el Gobierno nacional y el papel de la Fuerza Pública”.
José Guarnizo, periodista, cofundador y director general de Vorágine, señaló que más allá de las cifras y lo que se presenta en los informes, queda claro que la estrategia en seguridad del gobierno no funciona, “el tema de masacres como lo mide Indepaz, el asesinato de líderes no cae y guarda las mismas características y números que el gobierno Duque”, con lo cual, advierte que lo que se ve, es que desde las estrategias distintas de intervención, desde el discurso con el que llega el gobierno sobre la vida, se va es problematizando, pues asegura que una muestra de esto es lo expresado por el ministro Velásquez sobre una eventual prórroga al cese con el EMC.