Violencia en medio de las negociaciones, ¿cuáles son los límites?

En Hora20 el análisis a las reflexiones de cara al complejo panorama de violencia en Cauca, el futuro de la negociación con el EMC, el rol de las comunidades y la tregua que le piden distintos actores a las organizaciones armadas. Después el análisis al panorama de contratación en el país ante las licitaciones desiertas y sin proponentes que se han visto últimamente.

Menos de 24 horas después de que el Estado Mayor Central, facción disidente de la negociación de paz con las Farc en 2016 anunciara la pronta instalación de una mesa de negociación y del inicio de un cese bilateral el próximo ocho de octubre, se registraron tres hechos de violencia en el departamento del Cauca, en el que esta organización es el principal responsable. Dos muertos, dos heridos, destrucción en infraestructura y terror en la comunidad dejaron la ola de atentados, que fue reprochada por el ministro de Defensa, que calificó como intolerable lo ocurrido. Por su parte, el presidente explicó que los atentados son una respuesta a la ofensiva en el Valle de Micay, mientras que la vicepresidente dijo que “se evidencia la falta de voluntad de los grupos armados de querer avanzar hacia un camino de paz en Colombia”. En los primeros seis meses del año en Cauca se han registrado 5.822 casos de desplazamiento; 203 ataques a población civil y 100 acciones armadas. Según Indepaz, Cauca lidera las cifras en asesinato de líderes sociales con 25 de 123, también la cifra de firmantes del acuerdo de paz asesinados, el quinto lugar en masacres y el tercero en eventos de desplazamientos masivos.

Ante esta difícil situación de violencia, cada vez son más las voces que solicitan a las distintas organizaciones armadas que dejen la confrontación. El comisionado de paz lo hizo en agosto para que una misión humanitaria operara en Samaniego, en abril el EMC designó a Jhon Mechas para avanzar en un diálogo con el Eln para poner fin a la confrontación, hace dos semanas organizaciones civiles lo hicieron en Arauca ante los enfrentamientos que dejaron siete personas muertas y hoy lo vuelve hacer el comisionado Rueda. Sin embargo, a través de una carta dos negociadores, José Félix Lafaurie de la mesa con el Eln y Fabio Valencia Cossio de la mesa con el EMC, les plantearon a estas dos organizaciones un cese para reducir la afectación humanitaria fruto de sus enfrentamientos, aseguran que lo que hacen es “totalmente inconsecuente y les resta credibilidad a los procesos, dicen que ponen en riesgo los ceses al fuego bilaterales y que se busca darles credibilidad a los procesos de protección a la vida.

Lo que dicen los panelistas

Carlos Carrillo, concejal de Bogotá por el Polo Democrático, señaló que sorprende escuchar que las Fuerzas Militares están debilitadas, “ese juicio es subjetivo y está cargado de intenciones políticas y eso hace parte del juego político, el presidente debe resistir a la oposición que no es solo derecha de Uribe”, resaltó que hacer la paz no es tan fácil y que lo del Cauca es retaliación ante ambiciosos proyectos de sustitución del gobierno, “en el fondo de la violencia, en fondo de conflicto está el problema trasnacional del narcotráfico”. Además, resaltó que toca rodear al gobierno, “el presidente va en el camino correcto, no solo de buscar la paz con ilegales, sino de poner agenda pública sobre la necesidad urgente de revaluar políticas de guerra contra narcotráfico”.

Sobre los procesos de contratación, dijo que Thomas Greg and Sons es una empresa colombiana, con nombre de empresa británica, pero que es un monopolio malsano, “hay razón a que se dé la pela política, el Presidente tiene la razón, la empresa tiene un aparato político detrás porque el expresidente Santos fue miembro de esa junta, igual que Noemí Sanín”.

Tatiana Dangond, abogada, analista y columnista en El Heraldo, manifestó que el aumento de violencia viene desde julio, pero que lo más preocupante es la respuesta que hay desde el Estado, “la Fuerza Pública no tiene no tiene capacidad para responder al aumento de actos violentos en diferentes grupos y eso es lo preocupante para el país el día de hoy; la

comunidad es parte fundamental, puede ser valorado positivamente por negociaciones y es elemental para poder avanzar en protección de derechos humanos”

John Marcos Torres, abogado, experto en asuntos corporativos y superintendente delegado para la libre competencia, planteó que hay dos alternativas en medio del conflicto: derrotas militares o negociar la paz con el propósito de parar el conflicto, “no hay capacidad militar para derrotar a los armados ni estrategias de seguridad, no hay política en seguridad para derrotar militarmente a alzados en armas, ¿están estos grupos llegando a la mesa demostrando poder, músculo, capacidad, legitimados para negociar en igualdad de condiciones?, ¿no aceptamos hechos de violencia y nos levantamos?”, pues dijo que por el contrario en el pasado políticas como la del gobierno Santos fue mantenerla persecución mientras se negociaba. En ese sentido, dijo que se debe contrarrestar acciones que perjudican los procesos, pero que no se debe ceder a la posibilidad de negociar,

En cuanto a los procesos de contratación, dijo que es loable el propósito de luchar contra la corrupción y que no haya colusión en licitación, “eso es un delito, una práctica perseguida por la Superintendencia cuando se investiga y una connotación penal como el caso Odebrecht con la Ruta del Sol”. Agregó que desde hace muchos años el ordenamiento jurídico definió que es posible adjudicar una licitación con un solo proponente siempre y cuando se cumpla con los requisitos.

Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario, exsecretario de Transparencia de la Presidencia y columnista, manifestó que el panorama de orden público actual es producto de un proceso de degeneración del orden público por un paréntesis de cuatro años al no implementar el proceso de paz. Sobre la violencia y el desarrollo de las mesas de diálogo, comentó que armados juegan en el terreno de lo conocido, se fortalecen en la mesa, “buscan que se dé la mesa porque corren en contra del tiempo, la preocupación es que esto pasa a seis semanas de elecciones y eso no tiene sentido porque es un gobierno políticamente magullado y para avanzar en proceso de paz no es solo fuerza militar, es también apoyo político”. Resaltó que sí le hace falta brújala al proceso de paz y desatención a instrumentos

Sobre la contratación, dijo que cada proceso es diferente, “el caso del Sena parece tener pliegos amañados, el DPS con desorden es en la decisión, si se quiere arbitraria y creo que lo que está pasando es una gran dosis de improvisación, engranarse en procesos, hace falta organización de las entidades que velan por transparencia, como Colombia Compra Eficiente, Transparencia acompañamiento preventivo”.

Para Sandra Borda, politóloga, profesora universitaria, directora del podcast Buceando en el Naufragio y columnista, es increíble que no haya plan para contrarrestar ofensivas de armados antes de arrancar un proceso de paz, “se sabe que, para llegar a la mesa con músculo negociador, muestran que tienen capacidad de control y operativa; siempre hacen lo mismo, sin embargo, al Gobierno Nacional lo agarran con el mismo nivel de falta de preparación”. Sobre los procesos de participación de las comunidades en las negociaciones, dijo que toca ser cauteloso porque quienes están en conflicto son los armados y el Estado y que un llamado a movilización de las comunidades por parte del Gobierno puede terminar convirtiéndolos en objetivos militares.

Sobre el proceso de los pasaportes, recordó que parte de la estrategia para que a los colombianos se les dejara de exigir visa en muchos países, fue el proceso de modernización y de cumplimiento de estándares internacionales en los pasaportes que se logró en la cancillería de María Ángela Holguín, “la firma es el único proponente, pero el problema es que no existe ningún argumento en cómo ha funcionado esa compañía para expedir pasaportes o cédulas, no hay casos de corrupción, se dio proceso que se continuó y que se interrumpió por solicitud del presidente, porque la Cancillería estaba a punto de prorrogar y fue el presidente el que dijo que esperaran con argumento de que no hay otros compitiendo”.