Exdirector del extinto DAS Casanare reconoció casos de falsos positivos en Boyacá

Tunja

En Yopal se adelantó la Audiencia de Reconocimiento de Verdad en la que 21 militares, que hicieron parte de la Brigada XVI del Ejército Nacional en Casanare, además un funcionario del extinto DAS y dos civiles, quienes aceptaron su participación en casos de falsos positivos frente a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP), y los familiares de 303 víctimas. En medio del encuentro el exdirector del extinto DAS de la seccional Casanare, Orlando Rivas, confirmó la estigmatización de población civil de los departamentos de Casanare, Boyacá y Arauca.

“En el departamento de Boyacá se hizo en los municipios de Pajarito, Pisba, Paya y Labranzagrande; en Casanare la estigmatización se realizó en su mayoría en los municipios de Aguazul, Yopal, Nunchía, Chámeza, Recetor, Támara, Sácama, La Salina y Paz de Ariporo...La Política de estigmatización fue aplicada por el DAS en el ámbito nacional y contaba con un diseño infalible que permitía crear anotaciones de inteligencia y antecedentes penales a la población civil lo cual sirvió para que unidad del Ejército pudieran dar un alto nivel de legalidad a las muertes de estas personas haciéndolas pasar como guerrilleros dados de baja en combate”, afirmó el exdirector.

Además, Rivas explicó que, para realizar la estigmatización de civiles, que luego harían pasar como falsos positivos, había tres fases en las que participaban el Ejército Nacional, el DAS, el entonces Plan de Atención Humanitaria al Desmovilizado y la Fiscalía General de la Nación.

“Le ordenaba el desplazamiento a los municipios a dos funcionarios en compañía de integrantes de la Brigada XVI de los batallones de contra guerrilla que estaban asignados en ese lugar, estos dos funcionarios, uno de inteligencia y uno de Policía judicial se vestían de camuflado del Ejército, portaban armamento oficial del DAS y así se hacía la inteligencia cubierta, su permanencia en el área era de aproximadamente un mes y hasta dos meses. En las áreas rurales se montaban retenes de control de antecedentes a la entrada de los pueblos y el funcionario de inteligencia llevaba una cámara de video, donde se fijaba que las personas no lo descubrieran, se les pedía la cédula de ciudadanía y una por una era grabada en las cámaras de video y el rostro del portador. Hicimos un censo poblacional rural de esos municipios, así los estigmatizábamos con el fin de tener el perfil de las personas que se señalaban por cualquier situación con los grupos al margen de la ley”, explicó Rivas.

Finalmente, en la audiencia lamentó los hechos y pidió perdón a las víctimas.