¿Logrará la nueva política de drogas combatir el narcotráfico?

En Hora20 una mirada a las últimas cifras de cultivos ilícitos y producción de cocaína a la luz de la nueva política de drogas del gobierno nacional que busca tener un enfoque diferente. Se habló de los aciertos de esta política, de los desafíos y del relacionamiento con otros países. Después se analizó la polémica que rodea la reforma agraria a partir de dos decretos del Ministerio de Agricultura: de la movilización campesina, de los artículos que preocupan y de la propiedad privada. Por último, una pregunta sobre el panorama en Chile 50 después del golpe de Estado.

Justo cuando el país vuelve a registrar cifras récord en cultivos ilícitos, el actual gobierno colombiano presenta una nueva política de drogas denominada “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico”, pues este lunes la Oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló que el país llegó a 230 mil hectáreas de coca sembradas, un incremento del 13% frente al 2021, mientras que en el potencial de toneladas de producción está en 1.738, lo cual representa un incremento del 24 %. Las cifras del 2022 concentran su aumento en Putumayo, pues representan el 77% del total del año pasado.

Estos datos y otros como un costo total de la lucha contra las drogas de $76 billones de pesos son parte del diagnóstico que hizo el gobierno nacional para que junto con 27 espacios se creara una nueva política de drogas que iría hasta el 2033 y que tiene como objetivo reducir la producción de cocaína en 900 toneladas; erradicar 90 mil hectáreas de coca, de las cuales 65 mil serían de manera voluntaria y 23 mil de manera forzada; se impactaría a 50 de las 115 mil familias vinculadas a esta actividad ilícita y tendría un costo total de $21 billones de pesos.

La política tiene ocho enfoques y dos las rutas. La primera, una ruta de oxígeno que va enfocada a los campesinos cocaleros en el tránsito a las economías lícitas, el cual estaría acompañado al acceso a tierras, asociatividad, subsidios, créditos y comercialización. En este aspectos el enfoque sería de sustitución o el aprovechamiento de la reconversión productiva y también habrá un enfoque en consumo desde la prevención y salud pública a través de la justicia terapéutica y el acceso a medicamentos. El otro punto es el de asfixia donde se concentrará el rol de la Fuerza Pública para atacar la infraestructura de narcotraficantes, interdicción marítima, erradicación forzada y ataque a las finanzas y lavado de activos.

Lo que dicen los panelistas

Sandra Borda, politóloga, profesora en la Universidad de los Andes y columnista,señaló que en esta política hay cambios como el reconocimiento en la violación de derechos humanos y daño medioambiental del narcotráfico en la guerra contra las drogas, “lo incorpora y hay que resaltarlo porque pocas veces tenemos en cuenta el efecto sobre comunidades y derechos”. Sin embargo, dijo que hay reparos como el enfoque internacional en el cual, asegura no se proponen nuevas alternativas, así como en el enfoque de asfixia, el cual considera, es lo tradicional en la guerra contra las drogas, “vemos un poco más de lo mismo en fórmulas tradicionales, ya sabíamos que el renglón de interdicción es importante, hacía rato que el sitio donde más se pelea la guerra contra drogas es en la interdicción, pero ahí no tenemos nada distinto”.

Sobre los 50 años del golpe de Estado en Chile, comentó que Boric logra construir consenso internacional sobre el hecho de descartar amenazas del autoritarismo en la democracia como lo que sufrió su país, pero asegura que tristemente ese consenso no se ha dado a nivel interno.

Para Alexander López, senador por el Pacto Histórico, el PND define una ruta donde se logra participación de sectores involucrados en el negocio ilícito y en los que trabajan con proyectos alternativos de manera lícita. Agrega que esta política está ligada al tema paz, salud pública, consumo y un problema de transnacionalización de la violencia como lo que pasa en Ecuador, “la política insiste en la transformación territorial, tenemos ubicados 185 municipios con cultivos ilícitos, allá se llegará con oportunidades a la población que no solo es educación y salud, sino también con Estado, proteger comunidades, es intervención integral con apoyo de la comunidad internacional”.

Sobre las polémicas en el tema de tierras, dijo que por ahora son solo borradores de decretos sobre los cuales se está dando un diálogo nacional para solucionar la desigualdad en la posesión y titularidad de la tierra.

Gabriel Silva, politólogo, exministro, exembajador en Estados Unidos y columnista, planteó que las cifras de coca sembrada y de producción de cocaína están relacionados a temas como ocupación del territorio, el abandono de estrategias de impacto y las señales que considera, han sido equivocadas del gobierno nacional hacia los cocaleros. Además, dijo que temas como la paz total y la actitud permisiva del gobierno agravan el panorama. De otro lado, dijo que en lo internacional se podría acabar la luna de miel con el gobierno Biden ante un aumento del 24% en producción de cocaína, “la luna de miel se encontrará con dificultades, no me extraña que ese afán de la Cancillería por un encuentro Biden-Petro, esté orientado a reducir las consecuencias”.

De otro lado, dijo que el enfoque en cultivos ilícitos debe estar relacionado con reforma agraria, “por qué no usar la reforma agraria, porque no aprovechar eso y que cocaleros lleguen a zonas, así garantizo que, si se orienta a cocaleros y hay reubicación, se puede hacer un cambio significativo y no estar sometidos a los armados”.

Andrés Valencia, economista, exministro de Agricultura y exdirector del ICA, explicó que en 2018 al inicio del gobierno Duque se erradicaron 28 mil hectáreas de manera voluntaria a través del PNIS, a julio del 2022 dijo que eran 37 mil, “entonces no es el todo correcto decir que se abandonó la erradicación voluntaria porque las cifras muestran otra cosa, se duplicó el área de coca de manera voluntaria vía PNIS”, con lo cual, detalló que si hay algo que explica el incremento de cultivos de coca, es la caída en la erradicación manual, pues cuenta que en 2021 hubo 103 mil hectáreas erradicadas, en 2021 68 mil y a julio del 2023 solo 9.500.

En cuanto a la reforma agraria, explicó que los decretos buscan evitar que toda la tierra que existe en Colombia que es fértil en la frontera agrícola y que cumple función social y ecológica, no quede en manos muertas o improductivas, “dialogamos con la minAgricultura sobre los temas y planteamos que es importante definir sobre la carga y si es productiva o no. Y que se establezca una segunda instancia para demostrar que la tierra sí se ha cultivado en los últimos años”.

En entrevista Eduardo Díaz, exministro, exdirector de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Alta Consejería para el Posconflicto, señaló que hay un incremento importante de área cultivada en últimos dos años, “tras la disminución de 2017 y 2020 que es atribuible a programas de sustitución en el marco del acuerdo de paz, estamos frente a un tema que en políticas, el énfasis en la asfixia de la que habla el gobierno es importante, ser más productivo en lucha contra narcotráfico: perseguir precursores, finanzas de redes, y esto por supuesto en el contexto es importante dentro de la política que es buscar un fracaso en la lucha contra narcotráfico en el nuevo estadio”.

Sobre la caída en los precios de la coca, dijo que poco tiene que ver el problema del fentanilo y que la causa está más relacionada con la salida de las Farc del negocio del narcotráfico, “el negocio estaba regulado por las Farc en territorios y entregaban dos cosas: un ingreso relativamente mejor a campesinos del que podrían conseguir en otras actividades y, la seguridad a compradores de coca que eran punta de lanza, usted llegaba con talegas de dinero y sabía que no se perdía una moneda y que el precio daba cuenta de calidad y cantidad; eso está hecho pedazos por todos los grupos que hay”.