Radican proyecto para que la Procuraduría no inhabilite a funcionarios de elección popular

Colombia

Los representantes del Pacto Histórico Pedro Suarez Vacca, Alirio Uribe y Heráclito Landinez, presentaron ante la Secretaría de la Cámara de Representantes un proyecto de acto legislativo con el que buscan evitar que funcionarios de elección popular sean destituidos o inhabilitados por autoridades administrativas. De acuerdo con los congresistas, el objetivo de la iniciativa es brindar garantías a los funcionarios.

De acuerdo con el representante Suarez Vacca, el proyecto busca ajustar la Constitución Política del país con las normas internacionales de derechos humanos, particularmente con la Convención Americana de Derechos Humanos, en la que se señala que no puede haber sanciones de destitución o suspensión por parte de autoridades administrativas.

“En Colombia nosotros no hemos actualizado nuestra legislación interna y el propósito es precisamente acoger, no sólo lo que dispone esta normativa, si no lo que ya dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre otros casos en el caso de Gustavo Petro contra Colombia”, aseguró.

Por su parte, el representante Alirio Uribe se refirió a las modificaciones que tendría la Constitución Política, pues de aprobarse este proyecto, se harían cambios a los artículos 40, 277 y 278.

“Si bien es cierto el Congreso expidió una ley, esa ley mantiene la suspensión de funcionarios públicos de elección popular que lleva a que el presidente pues se haya negado en el caso La Guajira hacerlo, pero por otro lado, el Consejo de Estado ya ha recibido decisiones de la Procuraduría y ha dicho qué no es competente para revisar las decisiones de la Procuraduría, entonces esto requiere pues un ajuste”, dijo.

Así mismo, el representante Heráclito Landinez insistió en que la Procuraduría podría seguir sancionando a los servidores públicos que no fueron elegidos popularmente.

“Tenemos que además expedir, después de esto, un régimen especial, un código seminario especial para los servidores públicos elegidos popularmente. Es decir, ellos seguirán siendo sujetos de disciplina pero no por la Procuraduría, sino por una autoridad que tiene que ver con un juez penal o la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Creo que estamos haciendo un ajuste que el país está esperando hace mucho rato y que estamos a la par con la soberanía popular”, mencionó.

Este proyecto por ser tratarse de un acto legislativo, deberá pasar por 8 debates en el Congreso para convertirse en ley y comenzará su trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.