El Salvador y Nicaragua, ¿qué está pasando con la democracia?

Esta noche de viernes en Hora20 una mirada a fondo al panorama de seguridad, democracia y derechos humanos en El Salvador tras las acciones que ha tomado el gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas, lo cual, ha generado una sólida sensación de seguridad en los ciudadanos. Después daremos una mirada a la también preocupante situación de derechos humanos en Nicaragua tras las declaraciones de Naciones Unidas de los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Daniel Ortega.

La fotografía en El Salvador es por lo menos impactante: cientos de pandilleros detenidos en las cárceles, sin camisa y rapados, el derrumbe de tumbas de pandilleros, el cercamiento de varias ciudades salvadoreñas en noviembre del año pasado, la construcción de una cárcel con capacidad para 40 mil presos hace parte del panorama actual en El Salvador tras la política de “guerra contra el crimen” de Nayib Bukele que asumió el poder en 2019 en uno de los países más peligroso del mundo. Desde entonces ha impulsado la mano dura contra las pandillas, pero al parecer y como lo dio a conocer el Departamento de Justicia de Estados Unidos esta semana, entre 2019 y 2022 hubo acuerdos entre el gobierno y las pandillas para reducir los homicidios a cambio de beneficios en las cárceles y hasta garantía de no extradición.

Desde marzo del 2022 tras un fin de semana que dejó 87 muertos, el gobierno de Bukele solicitó un pedido de estado de excepción al Legislativo que ya se ha prorrogado 11 veces, el cual da facultades extraordinarias al presidente y permite hacer detenciones sin autorización judicial. Este régimen ha llevado a la detención de 64 mil presuntos pandilleros y a una reducción de homicidios al pasar de más de 1.100 en 2021 a 495 en el 2022. Sin embargo, este panorama de aparente seguridad ha estado manchado por las denuncias de organizaciones sociales de derechos humanos locales e internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch sobre detenciones ilegales, tortura, desaparición forzosa y violación de toda clase de derechos humanos, incluso, se calcula que al menos 6 mil de los detenidos serían inocentes y 3.300 ya han quedado en libertad por parte de la Fiscalía.

Lo que dicen los panelistas

Para Mauricio Jaramillo, profesor de relaciones internacionales en la Universidad del Rosario, analista y consultor, los índices superlativos de aprobación ciudadana de Bukele, complejizan el panorama, “lo que vemos acá es un típico caso donde se confunde Estado de opinión, aprobación con legitimidad y se confunde venganza con justicia”. También recordó que la negación de créditos multilaterales en el pasado reciente ha sido una técnica muy poco efectiva” y afirma que los platos rotos los terminarán pagando los ciudadanos del común.

Por otro lado, afirmó que ya se está viendo este fenómeno Bukele en otros países como es el caso de la crisis carcelaria en Ecuador, Honduras, e incluso habló de Colombia.

Para Iván Briscoe, director del programa de América Latina y El Caribe del Crisis Group, Bukele está adoptando métodos brutales contra la criminalidad, poco respeto para las normas democráticas y ha tenido a concentrar el poder en sus manos. Recordó que el estado democrático de El Salvador no era positivo antes de la llegada de Bukele y que las encuestas demostraban la poca confianza que tenían los ciudadanos en el Estado alos después del fin de la guerra civil.

Sobre la mano dura, dijo que no es la primera vez que se utiliza en el contiente y que en ese sentido, se ha desmotrado que en general las consecuencias políticas son muy pocas y que se demuestra es resultados a corto plazo.

Óscar Martínez, jefe de redacción del periódico digital salvadoreño El Faro, destacó que hay hechos relevantes que llevan al punto en el que está hoy El Salvador, recordó que Bukele tras llegar al poder negocia con pandilleros, ofrece concesiones como la garantía de no extradición, después planteó que el estado de excepción “está sobre diagnosticado y ha violado los derechos de muchos salvadoreños que ha concluido con la muerte en prisión de al menos 90 personas no condenadas y que no tenían relación con las pandillas”.

Sobre la posibilidad de reeleción de Bukele en 2024, mabifestó que si se da esta reelección sería inconstitucional y aseguró que esta pol´tiica de mano dura no es más que una estrategia para su reelección.

Leonor Arteaga, abogada salvadoreña de la Fundación para el Debido Proceso, aseguró que la historia de Bukele es la de un caudillo de la región que busca acabar con la oposición y que utiliza el Estado para beneficiarse, “lo que está pasando con el régimen de excepción es otro capítulo para generar terror en la población y afianzarse la permanencia en el poder”.

Sobre el complejo panorama en Nicaragua, destacó que la presión internacional no es tan efectiva, que la única manera es que se mantenga en el tiempo y que no se debe renunciar a la intención de generar dicha presión.

Juan Pappier, Subdirector en funciones de Human Rights Watch para las Américas, aseguró en entrevista que lo que se está viviendo en El Salvador es la destrucción de la democracia, “no hay ningún freno ni contrapeso que pueda proteger los derechos de la ciudadanía”. Aclaró que sí hay una disminuciuón en los indicadores de violencia, pero afirma que lo que se está viendo en materia democrática tendrá consecuencias en el respeto de derechos humanos.

Sobre el panorama a futuro, señaló que se debe continuar con las denuncias, llevar las evidencias de violación de derechos humanos a Naxiones Unidas, “creo que Bukele ha ido muy rápido con el desmantelamiento del Estado de derecho y la comunidad internacional se ha quedado atrás y no ha reaccionado a tiempo”.