Concepto jurídico señala que “sí es del todo viable” hacer modificaciones al Metro

Colombia

Ya se encuentra en el despacho del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano, un primer concepto sobre la factibilidad de hacer subterráneo un tramo del Metro de Bogotá, discusión que se ha intensificado luego de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López, en donde se determinó abrir dos mesas de trabajo jurídicas y técnicas para revisar esta opción.

“Desde un punto de vista estrictamente jurídico, con fundamento en lo hasta aquí expuesto y de conformidad con lo permitido por la normatividad aplicable al contrato, a lo señalado en la jurisprudencia y a lo precisado por la doctrina especializada en materia de contratación estatal, sí es del todo viable o posible modificar unilateralmente el Contrato de Concesión 163 de 2019 en lo que respecta a uno de sus elementos accidentales como lo es la definición del trazado y de la modalidad de construcción, de elevado a subterráneo”, dice el documento perteneciente a la firma del exministro de Justicia Enrique Gil Botero.

En este punto del texto de 70 páginas se afirma incluso que esta modificación es necesaria para la ciudad. “Siendo el interés común o el interés general la finalidad única, válida y justificante de la contratación estatal, de conformidad con lo dispuesto en este sentido en el artículo 209 de la Constitución Política, es preciso señalar que, al revisar las condiciones de la contratación pactadas para el diseño y construcción del Metro de Bogotá, la realidad actual de la ciudad demarca o depara como necesaria la modificación, al menos parcial, del trazado acogido en los términos contractuales”.

Esto, según explicaron en el concepto, “con el propósito de convenir en la ejecución de este proyecto de manera subterránea, técnica y modalidad constructiva que significaría la reducción de problemas en la movilidad de la ciudad capital y, además, la evidente reducción de costos atados o derivados de la gestión predial y social exigidas o propias de un metro elevado”.

Advirtiendo la carencia de estudios o diseños suficientes respecto de la modalidad de metro subterráneo y las falencias en los resultados de las consultorías ejecutadas para la construcción de un metro elevado, indicaron que “es fácil advertir que, necesariamente, el metro subterráneo se ajusta en mayor medida a las actuales necesidades del interés común en Bogotá, habida cuenta que su construcción implica menos traumatismos a la movilidad en la ciudad y, además, al tratarse de una intervención en el subsuelo redunda en la reducción de costos atados o derivados de la adquisición y gestión predial, sin perder de vista que la realización de estas obras subterráneas no se afecta o altera por circunstancias propias del clima ni por situaciones sociales o políticas propias de la ciudad que lleven a la paralización de las obras o a la afectación de los cronogramas”.

Esta opción, de hacer todo el tramo de la Avenida Caracas de manera subterránea, gusta al Gobierno nacional, aún a pesar de que el consorcio chino indicara que no lo ven factible. Al margen de ello, uno de los temas que también se revisa con lupa es el de los costos adicionales, que rondarían los $12 billones de pesos, según las primeras estimaciones.

Sobre ese punto, el documento que llegó a Presidencia señala que “ser indiferente a tales contingencias económicas (como la devaluación del peso y la inflación) constituye una grave equivocación, como también lo es el abstenerse o negarse a brindar la posibilidad de utilizar los mecanismos que han sido creados para mitigar el impacto que su ocurrencia puede producir en relación con los precios de un contrato o de una obligación dineraria”.

La Casa de Nariño espera más conceptos que respalden su hipótesis para materializar esta idea de hacer un tramo del Metro de Bogotá subterráneo. Lo cierto es que las mesas técnicas y jurídicas ya empezaron labores, y la idea es que dentro de dos meses haya una nueva reunión entre Petro, la alcaldesa y el consorcio chino para tomar una decisión definitiva.