Asobares Cartagena pidió cumplir orden judicial que amplía horarios de rumba

Cartagena

Asobares Cartagena demandó la nulidad del artículo 1 del Decreto 1460 de 2022 proferido por la Alcaldía Distrital de Cartagena, a través del cual se establece el horario de funcionamiento para el ejercicio de actividades económicas que involucren la comercialización, expendio o consumo de bebidas alcohólicas.

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El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito mediante decisión de fecha 29 de noviembre de 2022, suspendió de manera provisional la norma demandada hasta tanto se resuelva de fondo la solicitud.

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Así las cosas dando aplicación a la norma vigente en materia administrativa, la decisión de suspensión del Decreto 1460 es una realidad jurídica, por tanto, “invitamos respetuosamente a la Alcaldía a regular el horario de cierre hasta las 4 am, teniendo en cuenta que el Juzgado 8 Administrativo de Cartagena, al decretar la suspensión del horario evidenció que dicho cambio afecta el crecimiento y desarrollo económico de la región y en sí mismo no favorece y no motiva el supuesto consumo responsable de bebidas alcohólicas, pues realmente, la norma impone cargas que graban al establecimiento de comercio y que no se traducen en generar un “consumo responsable”, señala la asociación a través de un comunicado.

En virtud de lo anterior, según ellos la autoridad distrital debe a gobernar acorde a la realidad post pandemia, en armonía con la realidad económica y social de la región, a fin de no entorpecer ni torpedear la ciudad para que levante la cabeza.

Asobares Cartagena indicó que continuará con su política de colaboración con las autoridades para el mantenimiento del orden público, la paz, la sana convivencia, el sano esparcimiento y la seguridad ciudadana.

Conocimiento de Procuraduría

Ante el Ministerio Público la agremiación radicó una solicitud, para poner en conocimiento del ente de control, las presuntas omisiones en que estaría incurriendo la Secretaria del Interior, Ana María González.

Según ellos la funcionaria ha sido renuente a acatar el fallo, y por el contrario, sigue aplicando los horarios del decreto que actualmente no tendrían efectos, teniendo en cuenta los operativos que realiza la fuerza pública.