Comisión del congreso peruano pide que el presidente Castillo sea inhabilitado
Castillo es acusado de traición a la patria por haber declarado que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia.
El presidente de Perú, Pedro Castillo. Foto: Getty
Perú
Un informe legislativo solicita que el presidente Pedro Castillo sea inhabilitado durante cinco años y acusado por la presunta comisión del delito de traición a la patria, por haber declarado que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia.
Diego Bazán, congresista del partido opositor Avanza País, afirmó que las manifestaciones de Castillo “son susceptibles de reproche” y recordó que según el artículo 118 de la Constitución peruana el presidente tiene por función dirigir la política exterior, así como celebrar tratados internacionales, por lo que consideró que sus declaraciones afectan la soberanía nacional.
El informe final, acusa a Castillo de presuntamente haber cometido el delito de traición a la patria tras haber declarado, en una entrevista con la cadena internacional CNN, que los peruanos debían ser consultado sobre la posibilidad de otorgar una salida al mar a Bolivia.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú postergó este lunes la votación después de que la presidenta de la subcomisión, Lady Camones, informara que la Comisión Permanente le notificó este mismo lunes que había cuatro cambios en los integrantes de ese grupo legislativo.
De ser aprobado el informe final de la denuncia contra Castillo en la subcomisión, el documento será enviado a la Comisión Permanente, que deberá analizarlo antes de autorizar su eventual debate en el pleno.
Un informe preliminar que declaró procedente la admisión de la denuncia ya fue aprobado el pasado 28 de febrero por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con el voto dirimente de la entonces presidenta de ese grupo de trabajo, Rosio Torres, del partido conservador Acción Popular.
Al inicio del debate del informe final, varios legisladores consideraron que la acusación carece de fundamento jurídico, ya que Castillo solo dio una declaración y no cumplió con ningún acto para implementarla, mientras que congresistas opositores aseguraron que sí hubo una vulneración constitucional y el gobernante
