¿Qué efectos tiene la decisión de la Contraloría sobre Hidroituango?

En Hora 20 un debate para analizar los efectos de la decisión de la Contraloría de imputar cargos a exgobernadores y exalcaldes por las fallas de Hidroituango; de la decisión judicial y de lo que podría ocurrir con la candidatura de Sergio Fajardo. También una mirada a la polémica por la llegada de un magistrado que fue llamado a juicio y que ahora pertenece a la Comisión de Disciplina Judicial. Por último, una opinión sobre el llamado de Piedad Córdoba a disidentes de las Farc para que vuelvan al Acuerdo.

Son 28 las imputaciones que presentó esta tarde la Contraloría ante la responsabilidad fiscal que recae en exalcaldes, exgobernadores, Junta Directiva, consorcios, contratistas y directivos de EPM por el detrimento de $4,1 billones de pesos en la obra de Hidroituango. Este caso que se abrió ya hace más de un año pasa a la etapa de imputaciones y se procederá a la presentación de descargos a los vinculados en el proceso.

Para el contralor general Felipe Córdoba, la construcción de la hidroeléctrica fue una cadena de errores desde su planificación hasta la ejecución; pues aseguran que hay fallas administrativas y acciones u omisiones en el daño patrimonial que se dio entre 2008 y 2015. Dentro de las alarmas que enciende la Contraloría está un aumento en el costo total de la obra, pues se pasó de $6 billones a $13 billones, en una obra que no ha genera energía todavía y por lo cual se estima una cifra de $1,1 billones en lucro cesante, más los 2,9 billones por ineficiencia en la gestión fiscal, de ahí los 4,1 billones por los cuales son imputadas las 28 personas.

Dentro de los imputados está el exgobernador Sergio Fajardo por acciones y omisiones al no cumplir con las responsabilidades al interior de la Junta Directiva. Dentro de la lista también está Alfredo Ramos como exgobernador y Aníbal Gaviria y Alonso Salazar como exalcaldes de Medellín. La responsabilidad fiscal también recaerá en dos exgerentes de EPM, y cuatro consorcios.

Más allá de los hallazgos fiscales, de las cadenas de errores y de las fallas en contratación, vigilancia y ejecución del proyecto y de los responsables de los errores, esta decisión de la Contraloría también ha tenido efectos políticos, principalmente por la manera como podría afectar la eventual candidatura de Sergio Fajardo en el 2022. Esta tarde el exgobernador a través de un comunicado dijo que la Contraloría está cumpliendo con su función de investigar; agregó que responderá por todas las actuaciones durante su gestión, pero hizo énfasis en que las decisiones técnicas eran exclusivas de EPM.

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Lo que dicen los panelistas

Isabel Cristina Jaramillo, abogada, profesora universitaria y columnista, señaló que la imputación implica que se considera que hay elementos de prueba para asignar responsabilidades. Agregó que la teoría de la Contraloría por ahora podría seguir siendo la de la cadena de errores, pues todavía no se ha comprobado que haya mala intención o dolo.

En cuanto al llamado de Piedad Córdoba a las disidencias de Farc, apuntó que bajo el contexto en el que la JEP ha dicho que estos ya perdieron beneficios y son considerados traidores, es valiente la postura de la exsenadora al pedir una especie de entrega, pues señala que esta siempre es una opción bajo la desobediencia civil.

Para Miguel Uribe, abogado y exsecretario de Gobierno de Bogotá, en este caso se imputan cargos y no se han encontrado responsables, por lo que cree que se debería determinar la responsabilidad de cada persona para verificar si hubo algún tipo de afán o improvisación. Agregó que paradójicamente hoy algunos celebran esta decisión y que lo hacen sin autoridad moral, pues buena parte de ellos también están investigados.

Frente a la llegada de Juan Carlos Granados a la Comisión de Disciplina Judicial, dijo que el debate de tipo institucional está abierto en cuanto a las maneras como se dan las elecciones. Pero que no se puede dejar de lado la presunción de inocencia y caer en el afán de señalar sin haber una condena.

Alejandro Santos, economista y periodista, señaló que lo ocurrido con Hidroituango es un tsunami que se veía venir ante una obra de ingeniería para la cual el país no parecía preparado para asumir. Dijo que las personas imputadas son reconocidas y se les conoce por una buena gestión pero que se debe responder por la cadena de equivocaciones en las que se cayó. Agregó que esta decisión de la Contraloría tiene efectos políticos ante la capitalización de algunos sectores para atacar la eventual candidatura de Sergio Fajardo en 2022.

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Frente a la llegada de Granados a la Comisión, advirtió que se envía un mal mensaje al país, "más allá si el señor es culpable o inocente." Pero cree que, en este caso, en el que se elige a los jueces de abogados, fiscales y jueces no se podía cometer errores. Señaló que quienes ocupen el cargo deben ser intachables.

José Daniel López, representante a la Cámara por Cambio Radical, comentó que Hidroituango no es un asunto menor, "pues durante la crisis puso al país al borde de una crisis de racionamiento", pero hizo hincapié en que no es justo decir que el Contralor está persiguiendo políticamente a alguien. “Acá hay líderes que incurren en contradicciones enormes, el senador Petro toma por cierto cuando la Contraloría acusa a Fajardo, pero cuando ocurrió en su administración fue persecución política”, señaló sobre las declaraciones de Petro a la decisión de la Contraloría.

Frente a lo dicho por Piedad Córdoba, apuntó que la exsenadora se equivoca al decir que comprende el regreso de Santrich y Márquez a la guerra “eso es incomprensible, lo único claro en esta decisión de fundar una nueva bacrim es hacerle conejo a la paz y a los excombatientes.”