Corte Penal Internacional recibirá informe sobre víctimas del conflicto armado

Cómo lo conoció Caracol Radio, se trata de un documento llamado “La complementariedad de la justicia en Colombia: una contribución a la lucha contra la impunidad de crímenes internacionales”, que envió Abogados Sin Frontera Canadá a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y a la Sala de Cuestiones Preliminares con casos de víctimas del conflicto armado que esta organización ha guiado con el fin de que se comiencen a hacer las respectivas investigaciones. 

A su vez, el informe pretende aportar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y establecer las responsabilidades penales en el marco del conflicto armado que ha vivido el país. También se resaltan  obstáculos de la justicia frente a la judicialización efectiva de los crímenes sexuales y de género. 

Frente al seguimiento del proceso la directora de Abogados sin Frontera Canadá en colombia, Stelsie Angers, asegura que se hará en tres partes. 

“En las próximas semanas vamos a realizar encuentros bilaterales con los actores claves en la justicia transicional en Colombia, grupos de representantes de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y grupos de víctimas en los territorios”, afirmó Angers. 

Estas reuniones se harán con el fin de conocer las conclusiones y el contenido de este informe que “busca hacer una contribución a la búsqueda de justicia y de verdad para las víctimas de esos crímenes internacionales”.

También se hará un seguimiento directamente con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y que así se pueda conocer  en detalle la metodología, el contenido y las conclusiones que se están sacando del informe.

“Finalmente, en el marco del acuerdo de colaboración que tenemos con la JEP, vamos a seguir apoyando los diferentes escenarios de esa jurisdicción con el fin de que las conclusiones del informe puedan ser utilizados como una herramienta para esa entidad”, puntualizó la directora de ASFC.

Además, en el documento al cual tuvo acceso Caracol Radio, se evidencia que el proceso de acreditación de víctimas ante la JEP se está demorando hasta nueve meses desde la solicitud y las representantes de víctimas dicen que no existen unos criterios unificados para su participación dando lugar a prácticas diversas según la decisión de cada magistrado/a, y según el macro caso, lo que interrumpe el proceso.

“Si bien se considera que existe una práctica generalizada por parte de los/as magistrados/as para tratar de garantizar el derecho a la participación de las víctimas (por ejemplo, mediante la creación de salas espejo durante las versiones voluntarias para garantizar el anonimato de la identidad de la víctima), se evidencian diversos obstáculos que, en ocasiones, lo impiden”, asegura el documento. 

También, es importante  enfatizar en que el informe señala que ante la diversidad de situaciones violentas que se presentan en cada macro caso es amplia, la participación de un representante en nombre de todas las víctimas, es limitante.

Y por último, el documento deja claro que aparte de que los actos de violencia sexual quedan invisibilizados, hay otros impactos diferenciales del conflicto armado en las mujeres y personas LGBTI+ que también pasan desapercibidas. 

“Lo anterior denota la ausencia de un efectivo enfoque  de género en la investigación de los delitos de esta naturaleza”, enfatiza el informe.