De acuerdo con las pruebas recaudadas por la Fiscalía el suspendido gobernador Edwin Besaile, ignoró las advertencias de la Contraloría sobre las presuntas anomalías en el manejo de dinero destinado a combatir la hemofilia en el departamento de Córdoba.

Los recursos públicos, de acuerdo con la Fiscalía, se fueron a la IPS San José de la Sabana, la encargada de diseñar y ejecutar los proyectos en materia de salud en la Gobernación.

Más de $40.000 millones, según los investigadores, se desviaron en la supuesta atención de enfermos con hemofilia que nunca existieron.

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"En el escrito de acusación, se indica que el entonces mandatario no sólo habría beneficiado a la IPS San José de la Sabana, sino también y de manera particular a Guillermo Pérez Ardila, socio de la Institución, además de a otras personas vinculadas a la defraudación al erario de Córdoba".

El Tribunal de Bogotá se abstuvo de dictar una medida de aseguramiento en contra del suspendido gobernador tras considerar que no representa un peligro para el proceso o la sociedad, sin embargo la Fiscalía insistió en la responsabilidad y ahora presentó el escrito de acusación en su contra y ante la Corte Suprema de Justicia.