Así están las investigaciones en el país

ANTIOQUIA

El caso más conocido es el del exministro y exgobernador Luis Alfredo Ramos Botero, quien se formó como político en el Partido Conservador, en los años 70 (cuando fue concejal en su natal Sonsón, Antioquia), y casi treinta después hizo rancho aparte con la creación del Partido Alas Equipo Colombia, con el cual llegó a la Gobernación de su departamento, pero volvió al conservatismo cuando ese partido fue clausurado.

Hoy, unas cuatro décadas después, el abogado Ramos Botero milita en el Centro Democrático, en el que ha sido una de las cartas para la presidencia, una aspiración frustrada precisamente por el inicio en la Corte Suprema de un proceso judicial por supuestos nexos con paramilitares (en los escándalos de la parapolítica), lo que le impidió participar en una consulta interna del Centro Democrático para escoger candidato presidencial para el período 2014-2018.

Por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, desde finales de agosto de 2013 estuvo detenido en una guarnición militar en Bogotá mientras avanzaba el proceso judicial por supuestos vínculos con grupos paramilitares. Quedó en libertad en noviembre de 2016, para proseguir el juicio que se había iniciado en la Corte, del cual aún espera sentencia luego de haber expuesto sus argumentos y los de la defensa jurídica.

En marzo pasado, la Corte reunió la audiencia de alegatos de conclusión y tenía 40 días para una decisión final, sin embargo, a esta fecha de octubre, 6, no ha emitido su sentencia condenatoria o absolutoria.-

Luego de esos cuatro años de haber iniciado el primer proceso judicial y de tres años de detención intramural, el exembajador Ramos Botero espera la sentencia de la Corte Suprema, y al mismo tiempo afronta una segunda investigación en la misma Corte por el escándalo de supuestos sobornos a los magistrados de este Tribunal.

La Fiscalía de Néstor Humberto Martínez ordenó abrir esta segunda investigación, con base en grabaciones y transcripciones en los que supuestamente el exsenador Ramos Botero habría entregado sobornos a la rama judicial.

El expresidente del congreso Luis Alfredo Ramos insiste en su inocencia en ambos procesos y ha advertido que se trata de procesos con tintes políticos para impedir su carrera hacia la presidencia por el Centro Democrático, y por ello espera una decisión final de la Corte Suprema de Justicia para volver a las campañas electorales.

Entre tanto, el señor Ramos Botero, sin las restricciones de una medida de aseguramiento ha vuelto a las actividades políticas del partido Centro Democrático, en cuyo seno se inscribirá como militante el próximo 11 de octubre, y en el cual tiene una importante imagen favorable pese a que no es precandidato presidencial.

Por ello se considera que un nuevo proceso judicial lo estaría “empapelando” para impedir otra posible candidatura presidencial que perjudicaría al Centro Democrático, lo cual beneficiaría a potenciales rivales políticos como Germán Vargas Lleras (firmas o Cambio Radical), Gustavo Petro (firmas o Progresismo), entre otros.

Su familia dice: “No queremos pensar que hay una intención política (en la demora del fallo de la Corte y en el nuevo proceso), por lo que solo aspiramos a un proceso rápido”.

Por lo pronto, con excepción del conocido caso del exgobernador y exministro Luis Alfredo Ramos, quizá el más relevante en esta región, no existen casos de esta magnitud o que tengan ese componente de interés político de la justicia.

El actual alcalde de Bello, César Suárez Mira, del Partido Conservador (hermano de la senadora Olga Suárez Mira) está siendo investigado por la Fiscalía. Incluso ha estado varias semanas preso, por una denuncia relacionada con Falsedad en documento público (falsificación del título de bachiller, que al parecer no cursó).

La denuncia fue instaurada por el ex concejal de Bello León Fredy Muñoz Lopera, quien también aspiró a la alcaldía Bellanita, como candidato del Polo Democrático Alternativo, quien hoy trabaja con fundación social Fenalpaz.

Una vez excarcelado –aunque prosigue vinculado a la investigación- volvió a su cargo como Alcalde de Bello, cargo en que también han estado sus hermanos Olga y Óscar Suárez Mira, éste último procesado y condenado por parapolítica.

ATLÁNTICO

Si bien la Fiscalía General de la Nación no ha abierto una investigación contra un miembro de algún sector en específico, la casa Char se vería afectada por las investigaciones que ese ente ha realizado sobre el caso Inassa y la composición accionaria de su filial Triple A, compañía que presta el servicio de acueducto y alcantarillado en Barranquilla en la que el Distrito fue perdiendo acciones convirtiéndose en privada.

Este sector político se vería afectada por estar al frente de la administración durante los últimos 12 años, con Alejandro Char y Elsa Noguera como alcaldes de la ciudad, sin tomar medidas frente a la drástica pérdida de acciones del Distrito en la composición accionaria de esa empresa (Pasó de tener el 85% a 15%), a la que incluso organizaciones cívicas pidieron una auditoría forense.

Esto último puso en tela de juicio el papel que jugaron varios exconcejales cuyos periodos coincidieron con los momentos en los que se empezó a dar el cambio de la composición accionaria. Además, los exalcaldes entre los que se encuentra el hoy mandatario local Alejandro Char, estarían bajo la lupa de los organismos de control.

BOLÍVAR

La Fiscalía General de la Nación adelanta varios procesos e investigaciones a entidades oficiales y personajes de la vida política en Cartagena:

1) El proceso más llamativo es el que se sigue contra el alcalde Manuel Vicente Duque, su primo José Julián Vásquez (en alianza con el grupo de los Gnecco), la contralora Nubia Fontalvo (a quien se asocia con el partido Conservador), y 8 concejales más (de todos los partidos). A Duque se le investiga por tráfico de influencias, cohecho y concierto para delinquir, por presuntamente haber orquestado junto con su primo y el concejo la elección de Fontalvo como contralora.

En los corrillos políticos, no se ha hablado nunca de manera oficial de esto, sin embargo se dice que el proceso tiene que ver con una retaliación de la Fiscalía porque el primo de Duque (José Julián Vásquez) quien fungía como cabeza en la sombra de todas las decisiones del gobierno de Manolo, no quiso apoyar de manera irrestricta la aspiración presidencial de Vargas Lleras.

Este juego político buscaría la renuncia de Duque, para darle paso a elecciones atípicas y así ubicar en el palacio de la Aduana a alguien cercano a Vargas Lleras. Según la defensa de Duque, la presencia en Cartagena en varias oportunidades del Fiscal General durante las audiencias y la decisión de hacerlas públicas, obedece a algún tipo de interés, más allá del de la 'condena social ejemplar' que pregona el fiscal Martínez.

2) La Fiscalía anunció también que se investiga la suscripción de un contrato PAE (Plan de Alimentación Escolar) en 2016. Precisamente firmado por el alcalde de la ciudad en ese entonces, Manolo Duque y la FUNDACION RED COLOMBIANA DE COMERCIALIZACION Y DESARROLLO COMUNITARIO-REDCOM, por un valor superior a los 8.400 millones de pesos.

Esta fundación REDCOM, tiene numerosos contratos del PAE sobre todo en el departamento de Nariño, en donde prácticamente controlan esta contratación desde 2014. Es representada legalmente por Gladys Amada Muñoz Bravo, de quien no se tiene información de vínculos políticos en Cartagena

3) La Fiscalía anunció investigaciones contra la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (EDURBE), por convenios interadministrativos suscritos con la alcaldía local número 2 de la ciudad en 2011, mientras era alcaldesa de la ciudad Judith Pinedo Flórez (Partido Liberal).

El convenio contemplaba varias obras en la localidad 2, y también incluía la remodelación de un paseo peatonal en el barrio Canapote. Desde esa fecha hasta acá, numerosas denuncias se han hecho por parte de líderes comunales y veedores, y muchos dan ya el dinero por perdido, ya que la mayoría de las obras no se hicieron.

El gerente de EDURBE para la época era Augusto Mainero Román, reconocido ingeniero cartagenero, relacionado con la casa García. Hay que advertir, que el hoy gerente de Edurbe, Alfredo Bula Dumar, también está en líos, pues apareció mencionado en los testimonios que recoge la fiscalía por el famoso 'cartel de la toga'. Bula Dumar, también se le reconoce como cuota de la casa García Romero (de La U).

4) Acaba de ser capturado el exalcalde de Magangué, Marcelo Torres (Partido Verde), según la Fiscalía por presuntos fraudes en partidas de alimentación a niños del Sisbén I y II en Magangué. El Gobierno Nacional desarrolló un programa de alimentación para niños en el que aportaron 1.045 millones de pesos y no se sabe dónde terminaron estos recursos.

En Magangué, Torres es reconocido por ser rival político de los tradicionales candidatos aliados con Enilce López Romero, conocida como 'la Gata'. De hecho, mientras fue alcalde, constantemente denunció amenazas y hasta atentados en su contra, según él orquestados por la exempresaria del chance.

Es conocida su cercanía con senadores como Claudia López y Efraín Cepeda, abiertos contradictores políticos de Néstor Humberto Martínez, y últimamente de la gestión del mismo al frente de la Fiscalía General de la Nación.

5) Apertura de investigación en contra de David Dáger (Partido Liberal) en su condición de presidente del concejo para la época en la que se contrató a la empresa Neuromind, para estudiar las hojas de vida de los aspirantes a personería y contraloría.

Según la fiscalía, se utilizaron datos personales con el fin de acceder a usuarios previamente escogidos para ser elegidos en la convocatoria, es decir, la direccionaron. Así las cosas, recientemente se llevó a cabo una audiencia de imputación de cargos en la que la fiscalía pidió detención intramural para Dáger, pero el juez consideró que no era necesario.

A Dáger le fueron imputados los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

CALDAS

En Manizales la Fiscalía no tiene casos de investigaciones, denuncias, peticiones, imputaciones de cargos, capturas y demás, que afecten a un determinado grupo político.

Lo que sí se tiene es un derecho de Petición que fue enviado por el Representante a la Cámara por el Partido Conservador Arturo Yepes Alzate, por intermedio de Carlos Eduardo Serna López, a todos los alcaldes, la Procuraduría y al gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahita, y en el que se solicita: "Abstenerse de invitar a permitir la presencia de los candidatos a la Cámara de Representantes por Caldas del Partido Cambio Radical Mario Aristizábal Muñoz, Erwin Arias, Adriana Franco y Constanza Duque y a los candidatos de los otros partidos y movimientos políticos en actividades de la administración pública relacionados con inauguración de obras o actos oficiales, así como no permitir la utilización de bienes públicos para actividades proselitistas...".

CESAR

Cambio Radical en el Cesar cuenta con 32 concejales y cinco alcaldes.

Su nombre ha sido puesto en entredicho por actuaciones de algunos de sus alcaldes, como el del municipio de Agustín Codazzi, Luis Vladimir ‘Luchito Peñaloza’, quien protagoniza un escándalo por el posible direccionamiento de un contrato en materia de salud a una empresa del departamento de Córdoba, la cual al parecer no cumplía con los requisitos para quedarse con el contrato. La Contraloría inició la investigación.

El alcalde de San Alberto, Pedro Guevara Chogó, es investigado por posiblemente haber permitido que una empresa de chance ilegal llamada ‘El Trébol’ maniobrara sin ningún problema en ese municipio. La Fiscalía inició las investigaciones.

Otro caso tiene que ver con un exconcejal de Cambio Radical, Leonardo Mestre Socarrás, inmerso en líos por corrupción en el Tránsito Municipal con los procesos de chatarrización, capturado y cobijado con medida de aseguramiento.

CÓRDOBA

El fiscal Néstor Humberto Martínez ha venido tomando decisiones en casos de corrupción como el de Recursos de Regalías, de los que se habrían apropiado de recursos del área de Ciencia, innovación y tecnología, desde la gobernación a cargo en ese entonces de Alejandro Lyons y en complicidad con la Universidad del Sinú propiedad de la familia Bechara. Con este escándalo, se vio afectado Partido de La U, puesto que Lyons llegó al mandato apadrinado por Musa Besaile y Bernardo Elías.

- Un segundo caso fue el del hoy excongresista Martín Morales, del partido de La U igualmente, recluido en la cárcel La Picota, acusado de homicidio, nexos con paramilitares y porte de armas. Morales era la cuota de Zulema Jattín, esta última si bien no se reconoce dentro La U, hay quienes aseguran que si es cercana a Santos. La segunda cuota de esta mujer para las próximas elecciones al congreso era su Hermano Francisco Jattín a quien recientemente se le dio casa por cárcel, tras estar envuelto en mal manejo de recursos de la educación en su municipio Lorica.

- Los escándalos de Odebrecht, el Cartel de las Togas y de la Hemofilia que hoy tienen en la cárcel a los más poderosos políticos de Córdoba, Bernardo Elías y Musa Besaile. Todos estos casos son señalados por miembros del Partido de la U, como concejales y diputados. A pesar de que está probado que ambos cometieron delitos, algunos insisten en plantear que su judicialización favorece al partido de Vargas Lleras.

‘Los Ñoños’ contribuyeron tanto en elección y reelección del presidente Juan Manuel Santos con una alta votación en el departamento y en otros puntos del país. Por tal razón, resultaría clave derrotarlos, tras conocerse que tanto Musa como Elías se estarían alineando para las futuras elecciones con el partido Centro Democrático. ‘Los ñoños’ consiguieron en las pasadas votaciones el 90% de las alcaldías de Córdoba y la Gobernación misma, a cargo de Edwin Besaile, hermano del Congresista Musa.

Hoy, a pesar de que en redes sociales se muestran mensajes de solidaridad para con los Ñoños, lo cierto es que las campañas de Ñoño y Musa están fuertemente golpeadas y su credibilidad política obviamente cuestionada.

Los varones de La U en Córdoba están en jaque y el segundo partido político con influencia en el departamento sería el Conservador que ya se ha mostrado en alianza con Vargas Lleras. Un dato importante con los conservadores es la investigación por presunta mala utilización de recursos hecha contra Marcos Daniel Pineda, actual alcalde de Montería, y Carlos Correa, ex alcalde también de Montería. Estas investigaciones no han tenido avances mayores aún.

Abiertamente señalando persecución del Fiscal por mandado político contra los de la U, se ha pronunciado el presidente del concejo de Sahagún y el diputado Jaime Bello, de la Asamblea de Córdoba.

HUILA

El único caso que existe en el Huila en el que se especula que podría presentarse una presunta persecución de la justicia es el Cielo González Villa, hermana del actual gobernador Carlos Julio González (Partido Liberal).

Ella tiene tres investigaciones, una por haber colocado recursos del municipio de Neiva cuando era alcaldesa, en una cooperativa que no estaba autorizada por la Superintendencia Bancaria, otra por haber adjudicado un contrato para la fabricación de Aguardiente Doble Anís sin licitación Pública, y la tercera investigación por haber otorgado permisos a trabajadores que no tenían fuero sindical.

Fue destituida por la Procuraduría General de la Nación en el 2012 como gobernadora del departamento, por acumulación de procesos, es decir, que por ninguno de estos procesos la han condenado. Ella dice que cada vez que aspira a cualquier cargo por elección de inmediato la justicia le saca un proceso para atravesársele en sus propósitos. En la actualidad estas tres investigaciones están en el Consejo de Estado listas para ser falladas. Imposible aceptar que cometa delitos y pretender que no sean investigados.

Actualmente es la jefe de debate de la campaña de Germán Vargas Lleras en el Huila. No se descarta que en las elecciones del próximo año aspire por Cambio Radical al Senado de la República, pero se dice en la región que lo más posible es que si aspira la llamen a juicio.

El otro caso es el del Senador conservador Hernán Andrade, quien está involucrado en el escándalo de la Corte, pero no se habla por ningún lado de que sea perseguido por la justicia, porque al parecer las pruebas en su caso son contundentes. Usó recursos provenientes del desfalco a la Caja Nacional para su campaña al Senado.

MAGDALENA

En Santa Marta hay gran tensión política en torno a la reciente visita del fiscal, Néstor Humberto Martínez, en la que dirigió el rumbo de una serie de investigaciones contra la administración distrital del exalcalde Carlos Caicedo y su sucesor (puesto por él) el alcalde Rafael Martínez, del movimiento "Fuerza Ciudadana", con el apoyo de la Alianza Verde.

La visita de Néstor Humberto Martínez fue en el mes de septiembre y se reunió con fiscales especializados, investigadores y agentes de policía judicial asignados a procesos que adelanta el ente acusador sobre las presuntas irregularidades cometidas en la elección del Contralor del Distrito, las polémicas obras de construcción por segunda vez de la calle 22 que siguen inconclusas y los inconvenientes en otros proyectos de infraestructura como el estadio de fútbol, los parques recreativos, los escenarios deportivos de los Juegos Bolivarianos y los puestos de salud inconclusos.

El mismo Fiscal General dijo a los medios de comunicación que vino a entregar directrices precisas para que se entreguen prontos resultados de esos casos que afectan directamente al exalcalde Carlos Caicedo Omar (hoy precandidato presidencial por firmas) y a su sucesor Rafael Martínez, quienes fueron los ordenadores de la demolición y contratación de obras de restauración de los centros y puestos de salud, de las obras paralizadas del Sistema Estratégico de Transporte Público, la construcción de la llamada Red de Parques y la contratación de obras para los escenarios de los Juegos Bolivarianos.

Carlos Caicedo Omar es enemigo de German Vargas Lleras, quien en este departamento es el padre político de la casa Cotes, que actualmente tiene la Gobernación del Magdalena a través de Rosa Cotes.

NARIÑO

Aunque el gobernador del departamento, Camilo Romero, atribuye el requerimiento de la Fiscalía a una persecución política, distintos sectores de la política regional consideran que aunque sí puede ser aprovechado para debilitar las estructuras de la alianza verde no tiene origen en este asunto.

No solo el tema de los licores enreda a Camilo Romero, la Procuraduría en una primera comisión que llegó al departamento indaga sobre ese proceso, además de la situación de interinidad en el hospital departamental de Nariño, en la que las distintas acciones legales de los participantes en un concurso de méritos ha impedido un nombramiento en propiedad, así mismo se cuestiona que mediante una acción de tutela la administración departamental haya avalado una de las peticiones de uno de los interesados y quien en la actualidad funge como encargado.

El otro proceso que se indaga por parte del ministerio público es el contrato suscrito con la firma UNIMOS para la conectividad de las instituciones educativas en los 61 municipios del departamento, el cual se hizo mediante contratación directa por un valor aproximado de tres mil millones de pesos. El contratista (gerente) de la firma Andrés Oliva es oriundo de Ipiales de donde el padre del gobernador es el alcalde (Ricardo Romero).

La empresa no tenía capacidad instalada, el servicio a los colegios fue intermitente y en otros colegios nunca se instaló, se estableció que UNIMOS subcontrató a otra empresa para prestar el servicio. Este contrato en las administraciones de Antonio Navarro y Raúl Delgado se hizo mediante licitación con empresas como ETB Y UNE y no mediante contratación directa como en esta oportunidad.

En las indagaciones sobre las actuaciones de Camilo Romero siempre sale a flote su primo Felipe Arango a quien el gobernador le dio poder y quien habría estado detrás del proceso de comercialización de licores. Felipe tiene aspiraciones políticas y tras los hechos recientes se evidencia una ruptura con este, al punto que Romero retiró su respaldo para volcarlo hacia su cuñada Esmeralda Hernández.

Se cuestiona en esta administración que existan familiares del gobernador en distintos cargos, esposos de primos, allegados a su madre etc., como asesor jurídico Pedro Rodríguez y jefe de prensa de instituto departamental de salud de Nariño Jaime Enríquez, Edgar Isandara, allegado a su hermana Natalia Romero.

Los sectores alternativos del departamento aseguran que si Romero es destituido no se verían afectados porque califican nefasto este gobierno, aunque creen que Cambio radical lo aprovecharía para debilitar el proyecto presidencial de Fajardo y del Partido Verde.

Miembros de Cambio Radical en la región creen que tener miembros de su partido en las investigaciones anunciadas por el fiscal es evidencia de que no obedece a presiones políticas.

La coyuntura también está siendo aprovechada políticamente por los liberales, Cambio Radical y La U, que apoyaron al candidato a la gobernación Jhon Rojas, a quien Romero derrotó en las urnas.

NORTE DE SANTANDER

El caso más relevante tiene que ver con la imputación de cargos al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado (Partido de la U).

Esta semana el Fiscal General de la Nación anunció que por los delitos de peculado y contrato sin lleno de requisitos deberá responder ante la justicia.

La investigación tiene que ver con un contrato para el suministro de material pétreo para el mejoramiento de una vía en el municipio de Bucarasica, suscrito en el año 2009 en su primer periodo como gobernador desde la secretaria de infraestructura por $6.000.000 millones, que en su momento tenía como titular de esa dependencia a Wilmer Carrillo, hoy Representante a la Cámara por Norte de Santander y aliado político del mandatario.

En su momento a través de una auditoria de la Contraloría General se detectaron irregularidades que terminaron en hallazgos fiscales y un proceso penal.

Por este hecho la Corte Suprema de Justicia en su momento archivo la investigación contra el hoy Representante a la Cámara y las investigaciones contra el gobernador Villamizar Laguado continuaron.

Al terminar su periodo, el contrato tuvo continuidad en el 2012 en la administración del hoy ex gobernador Édgar Diaz Contreras, sucesor de William Villamizar y hoy en campaña al Senado de la Republica, respaldado por el ex vicepresidente y aspirante a la Presidencia de la Republica German Vargas Lleras.

Ese contrato aparentemente se liquidó, pero un control excepcional de la Contraloría General de la República dejó en evidencia irregularidades que motivaron la compulsa de copias a la fiscalía y que hoy tiene enredados al gobernador y el ex gobernador Diaz Contreras quien también deberá defenderse de las imputaciones en su contra por la misma situación.

- El hoy aspirante al Senado Edgar Díaz Contreras fue quien en su momento facilitó políticamente la llegada por segunda vez del hoy mandatario departamental al cargo para el segundo periodo como gobernador.

Y hoy,  Édgar Díaz Contreras con su eslogan “Pa’lante”, ha dejado ver abiertamente su cercana relación con el candidato Vargas Lleras y es quien ha venido liderando los acercamientos de Cambio Radical con diferentes líderes y dirigentes políticos de la región en torno al nombre del ex vicepresidente.

Pese a su inicial filiación política por el partido conservador, que luego se tradujo a firmas para llegar a la gobernación y hoy se matricula con Cambio Radical.

Se había advertido que pese a representar al partido de la U, el gobernador estuvo cerca de Vargas Lleras desde su Vicepresidencia y el Ministerio de Vivienda y estaba claro que seguiría “arropando” al ex gobernador por la trayectoria política de los dos en la región, “sus fortines” y por lo que significa la consolidación de sus grupos políticos en torno a sus nombres.

- La eventual parálisis en la aspiración por el efecto judicial que pueda tener, favorece al partido conservador en cabeza del hoy senador por la región Juan Manuel Corzo quien ha mantenido una rivalidad política con el gobernador y ex gobernador desde hace tiempo atrás y considerado el enemigo de estos en las “ías”.

A quien perjudica: al partido Cambio Radical porque se considera que venía liderando la unión de fuerzas políticas alrededor del nombre de Edgar Diaz en sus aspiraciones y este promoviendo la organización de la campaña presidencial de Vargas Lleras en Norte de Santander junto a Hernando Angarita ex funcionario de la Vicepresidencia y hoy aspirante a la Cámara de Representantes en Norte de Santander por cambio Radical.

- Es un fuerte golpe para el grupo político de William Villamizar hoy con un caudal altísimo de votos, al punto que tiene compromisos con todos los actuales congresistas de la región y desde ya pone a futuro en jaque la continuidad de sus aspiraciones que tendrían como anhelo la Alcaldía de la ciudad de Cúcuta.

Además la unión política que han mantenido tanto William Villamizar como Edgar Diaz que les ha permitido estar políticamente en la Gobernación de Norte de Santander, hasta hoy y durante 10 años.

El hoy ex gobernador tendría que rendir cuentas a la justicia y quedaría anulado el liderazgo de la campaña para Vargas Lleras que recae directamente en el ex mandatario y también sus aspiraciones de llegar al Congreso se irían al piso.

TOLIMA

Recientemente los hechos judiciales más sonados son dos:

- Corrupción por desfalco de Juegos Nacionales. 16 personas capturadas, sin embargo no se puede señalar que esto corresponda a un partido o movimiento político. De las personas implicadas hay de diferentes tendencias políticas, aunque una buena parte de los capturados son contratistas entre ingenieros, arquitectos y abogados.

- El segundo caso son las investigaciones contra el gobernador del Tolima Óscar Barreto Quiroga (del Partido Conservador). Hasta ahora le están prosperando las investigaciones de su primer mandato 2008 - 2011. Son dos las más avanzadas y están en el siguiente estado:

En la Corte Suprema de Justicia ya se hizo la audiencia preparatoria de juicio y se le acusa como presunto responsable de los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por omisión y peculado, por irregularidades en la ejecución y liquidación de un convenio con la entidad Andrés Bello, que tenía como propósito la entrega y suministro de dotación para planteles educativos. El convenio fue liquidado en el año 2008.

De la otra investigación, el Tribunal Superior de Bogotá, sala penal, ya se realizó la audiencia de imputación de cargos en la que se le acusó como presunto responsable de los delitos de peculado a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y celebración indebida de contratos. Barreto no aceptó cargos. Estos hechos están relacionados con un convenio por más de 5 mil millones de pesos suscrito entre la Gobernación y la empresa de energía del Tolima, Egetsa, suscrito en el año 2008 y que tenía como propósito la ejecución de obras y mejoramiento de acueductos y alcantarillados en varios municipios. Algunas de esas obras no se ejecutaron.

Frente a estos temas, se comenta en la región que estos procesos que estuvieron "dormidos" (2008) fueron revividos ante la fuerte enemistad que tiene Barreto con el líder de Cambio Radical en el Tolima, Emilio Martínez Rosales, quien habría influido para que estos procesos resucitaran en la era de Néstor Humberto Martínez Neira. Recordemos que la hermana de Emilio, Rosmery, es actualmente senadora de la República y militante de primera línea de Germán Vargas Lleras.

Barreto Quiroga, del Partido Conservador, a tender puentes con Martínez Rosales y con los diez alcaldes de ese grupo político, con el fin de "limar asperezas" y congraciarse con su antagonista político.

Lógicamente, la influencia del clan Martínez Rosales sobre la Fiscalía se comenta en voz baja y sin pruebas. Muy pocos se atreven a decirlo ante un micrófono.

 VALLE DEL CAUCA

- Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, del partido de U, tiene latente la investigación por lavado de activos, al comprar predios que presuntamente habrían pertenecido a narcotraficantes. La investigación la inició la Corte Suprema, pero al renunciar ella cuando era senadora al Congreso, pasó a la Fiscalía. El caso está vivo.

- En Cali se dice que ella (hoy en vacaciones en Francia) estaría buscando en Europa a Germán Vargas Lleras, para ofrecerle un respaldo para su candidatura, con tal de que le tengan quieto el proceso.

-El grupo político de la gobernadora del Valle es el que se presume más fuerte para las elecciones al congreso en la región. Tendrá varias listas a Senado y a Cámara. Su movimiento puede poner 300.000 votos para presidencia de la República.

-Segundo caso. Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali y actual presidente de la Alianza Verde, tiene investigaciones en la fiscalía por "Las megaobras de Cali". También por las obras en el Estadio Pascual Guerrero. Ospina sería un alfil en la lucha por los poderes locales para el futuro inmediato. Estudia volver a lanzarse para la alcaldía de Cali. Si la fiscalía reactiva sus procesos, se afectaría a uno de los más fuertes líderes de Claudia López en el occidente del país.