Reactivan proceso contra la exjuez investigada por cartel de la educación en Córdoba
La Fiscalía inició las audiencias preparatorias a juicio por el supuesto cobro de millonarias pensiones del Fondo del Ministerio de Educación Nacional.
Son más de 300 pruebas entre documentos y testimonios que alista la Fiscalía contra Katherine Cogollo Reina, la exjuez de Lorica, investigada por supuestamente reclamar mediante diferentes trámites irregulares a la Secretaría de Educación de Lorica (Córdoba), $5.626.449.835.00 pertenecientes al Magisterio de Educación del departamento en el año 2011.
Entre las pruebas reposan los oficios librados por el Juzgado Civil del Circuito de Lorica, (Córdoba) a las diferentes entidades bancarias para que se embargaran los dineros que tuviera depositada la Fiduprevisora S.A; los autos de mandamientos de pago y las solicitudes de Cogollo para el embargo de los dineros de los procesos ejecutivos.
Según la investigación, para que una juez admitiera las demandas para favorecer los cobros ilegales se le entregaron 300 millones de pesos, tal como se hizo con los otros procesos ejecutivos anteriores, dinero que se garantizó con una letra, la cual se recogía cuando se pagaba el proceso, situación plenamente conocida por Cogollo Reina.
Asimismo, para pactar los pagos y hacer efectivos los actos de corrupción, supuestamente se reunieron en una cafetería en un centro comercial de Montería (Cordoba), en la cual se discutieron honorarios y lo relacionado con la letra de cambio entregada a la juez para garantizarle la entrega del dinero, el cual efectivamente le fue pagado en efectivo.
“Tenemos los documentos que evidencian la orden de embargo y retención de los dineros contenidos en los títulos, memoriales solicitando el levantamiento de medidas cautelares y las notificaciones de los mandamientos de pago”, sostuvo el fiscal adscrito a la Unidad de Investigaciones de Funcionarios de la Rama Judicial.
Con estos hechos se “afectó a la banca nacional, y el poder dispositivo de los títulos valores que estaban dispuestos para cancelar las obligaciones pensionales del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”, anotó el fiscal.
La exjuez es señalada como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y cohecho.
