Gobierno defiende reforma al sistema político y electoral del país

El Gobierno le salió al paso a las críticas que se generaron por la Reforma Política y Electoral que se radicó en el Congreso de la República, y defendió varias de las iniciativas allí propuestas. 

En un documento el Ministerio del Interior hizo aclaraciones en varios temas polémicos, entre ellos, una segunda instancia para limitar los derechos políticos a través de sanciones a servidores públicos, asegurando que “no se elimina la competencia de la Procuraduría”. 

Piden diferenciar entre las sanciones de destitución del cargo, “que se hace efectiva inmediatamente la autoridad administrativa lo establezca”, en cuanto a la inhabilidad se mantiene la competencia en la autoridad administrativa, solo que ahora, “la decisión debe ser confirmada por la jurisdicción de lo contenciosa administrativa. En un recurso que puede tener dos instancias las cuales deben ser resueltas en un término máximo de un mes respectivamente”. 

Frente al tema de las organizaciones políticas, y dando cumplimiento además al acuerdo de paz, se busca desligar el reconocimiento de la personería jurídica a la obtención del umbral y por el contrario, establecer de acuerdo a un número mínimo de afiliados. 

Por otra parte, “la excesiva dependencia de los recursos de origen privado” en la financiación de las campañas fue identificado como uno de los principales problemas del sistema nacional, situación que se pretende solucionar con la reforma. 

En cuanto a las causales de pérdida de investidura y la eliminación de las causales por indebida destinación de recursos y tráfico de influencias, aseguran que “estas conductas no están desapareciendo”. 

El gobierno señala que se está haciendo la unificación de causales, teniendo en cuenta que haber sido condenado penalmente también lleva a la sanción. 

“Las conductas a las que se hace referencia son delitos y por lo tanto, estas se comprueban a través de sentencias judiciales, por lo que por naturaleza, estarían incluidas en la causal señalada. En ningún momento se está flexibilizando el régimen de pérdida de investidura”. 

Además se amplía el régimen a todos los miembros de corporaciones públicas. Incluso se aplica, en parte, a gobernadores y alcaldes, teniendo en cuenta que actualmente se limita únicamente a los congresistas.