Procurador anuncia demanda a decreto que suspende uso del glifosato
El jefe del Ministerio Público explica que una vez se expida el debido acto administrativo pedirá que sea anulado.
De acuerdo con el procurador general, Alejandro Ordóñez, la decisión de suspender el uso del glifosato fue una decisión política, no jurídica, ni científica, carente de la carga argumentativa que exige la Corte Constitucional, por lo cual anuncia que una vez se expida el acto administrativo que legalice la no aspersión lo demandará ante la jurisdicción contenciosa administrativa
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El organismo de control advierte sobre las supuestas consecuencias que traerá esta decisión, entre ellas que: 1. Deteriora aún más la seguridad nacional. Los cultivos de coca crecerán y con ello se fortalecerá la presencia de grupos armados ilegales en los territorios. Más coca es más dinero para las FARC, el ELN y las Bacrim. Y más dinero es más capacidad para matar soldados y policías, atacar a la población civil y cometer actos de terrorismo"
2. Deteriora aún más la seguridad en las ciudades. El aumento de la producción de coca, sumado a la eficacia de la interdicción área y marítima que realiza la fuerza pública, se traducirá en mayor importancia del consumo interno de estupefacientes para los narcotraficantes. El resultado será mayor consumo, en un país en que el consumo ya está en alarmante crecimiento especialmente en los jóvenes. Aumentará el microtráfico y con ello las bandas delincuenciales en las ciudades. El agravamiento del deterioro ya existente de la seguridad ciudadana se deberá a esa decisión
Además de lo anterior Ordóñez considera que el Gobierno Nacional ordenó adoptar esa determinación sin tener un plan que garantice al menos la misma eficiencia en el combate a los cultivos ilícitos. La consecuencia será que el país se hundirá en un mar de coca y los ciudadanos padecerán los gravísimas efectos del fortalecimiento de la criminalidad en ciudades y campos.
