Fuertes críticas de la Corte al Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama

A través de una comunicación de 7 páginas el presidente de la Corte Constitucional Luis Ernesto Vargas hizo una serie de observaciones al Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial, PSDRJ, (2015-2018),  en el cual  quedaron reflejadas las necesidades reales de la Corte Constitucional , dejando de lado el formato que tan solo permitía responder en sentido positivo o negativo

 La comunicación está dirigida al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros en el cual Vargas sienta  su voz de protesta “por la falta de oportunidad en la remisión del mencionado documento técnico que está condensado en 230 páginas, aproximadamente, el cual fue recibido el pasado viernes a las 3:00 pm. Esa circunstancia, delicada y preocupante por demás, pues se trata de valorar la política de la Rama Judicial para el cuatrienio 2015-2018, no hizo posible realizar una labor de estudio con el rigor y la exhaustividad que se requiere, lo cual denota improvisación y ligereza en la consolidación de una política sectorial seria para el poder judicial”

 Respecto a las obsrevaciones al Plan de Desarrollo el magistrado hace sugerencias relacionadas con el proyecto de Sistema de Gestión Documental;  la inclusión de las cifras reales de los asuntos que son de competencia de la Corte y  la discriminación del presupuesto de inversión a fin de poder hacer seguimiento durante el periodo del PSDRJ

 Sobre las inquietudes al Sistema de Gestión Documental de la Rama Judicial, advierte Vargas que desde hacer varios años  la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura “ha venido adelantando varios proyectos estructurales en el interior de la Rama Judicial, siendo uno de ellos, el proyecto de Sistema de Gestión Documental de la Rama Judicial (SGDRJ), que ha presentado atrasos excesivos en el cronograma de ejecución, específicamente en lo que tiene que ver con el expediente digital. Aun cuando los contratistas han realizado pruebas con el personal de la Corte en varias oportunidades, las desarrollaron utilizando servidores en calidad de préstamo y sin licenciamiento legal, generando poca confianza y una repetición innecesaria de las actividades”

 Además critica el atraso en materia de tecnológica para agilizar los procesos “además del sistemático retraso en la implementación del SGDRJ, existe mucha incertidumbre respecto de las medidas de seguridad en lo que atañe con el manejo de la información, pues todo indica que se entregaría a un operador (tercerización) y sobre el manejo de los servidores no existiría autonomía de ningún tipo. Sencillamente las oficinas de sistemas serían receptoras de la información interna, la cual se pondría a disposición del operador de turno. La experiencia nos deja lecciones  aprendidas, cada vez que se realiza un cambio de contratista (tercerización) en cumplimiento del proceso licitatorio, causa traumatismo en el desarrollo normal de las labores”

 De otra parte el presidente de la Corte hace reparos a la discriminación del presupuesto asignado a esa corporación advierte que la  forma global en la que se plantean las actividades y los montos destinados para cada una de ellas, no refleja las necesidades reales de cada una de las jurisdicciones, ni cuales serían los beneficios, por lo menos para esa Corte, durante los cuatro años en los que se proyecta el plan

  “En los anteriores términos, la Corte Constitucional presenta algunos comentarios mínimos por la carencia de tiempo provocada por la Sala Administrativa, ya referida, al Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2015-2018, los cuales solicito que se incluyan en el documento definitivo que debe ponerse a la consideración de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial para que emita concepto previo y favorable, en los términos del numeral 4° del artículo 97 de la Ley 270 de 1996”, advierte el magistrado