HRW pide mayor acción de comunidad internacional en Venezuela
La ONG dice que gobiernos extranjeros deberían intervenir para detener violación de derechos humanos en el vecino país.
En un informe titulado “Castigados por Protestar", presentado hoy en Washington, Human Rights Watch recomienda a la comunidad “interactuar” con el Gobierno de Venezuela para asegurar que las violaciones a los DD.HH. en ese país “cesen inmediatamente y sus responsables sean puestos a disposición de la justicia”
“En particular, los gobiernos latinoamericanos que pertenezcan a organismos regionales en los cuales Venezuela es parte—como Mercosur, Unasur y la Organización de los Estados Americanos— deberían reivindicar su compromiso de proteger y promover los derechos fundamentales y respetar las instituciones democráticas, interpelando al gobierno venezolano e insistiendo en que se aborden estos graves problemas de derechos humanos”, dice el texto de 32 páginas
La ONG critica la respuesta del Gobierno de Nicolás Maduro, así como de los organismos judiciales venezolanos, a las protestas que comenzaron en Caracas desde el pasado 12 de febrero. La organización asegura haber recolectado pruebas sobre graves violaciones a los DD.HH., incluidos abusos cometidos durante operativos gubernamentales destinados a contener las protestas y en el trato impartido a personas detenidas en manifestaciones o zonas aledañas
Por eso le sugiere al Gobierno ordenar a sus fuerzas de seguridad que sus miembros cesen de maltratar y emplear violencia contra manifestantes que ya estén bajo custodia de las autoridades, así como prohibir a todas las fuerzas de seguridad que colaboren con actos de violencia u otros actos ilícitos cometidos por pandillas armadas “partidarias del Gobierno, o que toleren estos actos, y ordenarles que adopten medidas para asegurar el desarme efectivo de grupos que posean ilegalmente armas o participen en actividades armadas ilícitas, y detenerlos cuando cometan delitos”
Al Ministerio Público, le aconseja examinar todos los cargos formulados contra personas en relación con las protestas, y desistir de aquellos presentados contra quienes fueron arrestados indebidamente
Al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que adopte medidas para reparar el deterioro en la independencia del poder judicial causado durante la última década. En específico, se refiere a la ley sancionada en el 2004, que permitió que el gobierno y sus partidarios designaran a aliados políticos en el Tribunal Supremo de Justicia.
