Millonaria condena al Estado por desaparición de personas en Antioquia

El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional a pagar más de 2 mil millones de pesos por la desaparición de siete hombres en la vía entre los municipios de Puerto Berrío y San Roque, Antioquia, el 14 de agosto de 1996.-Según investigaciones de la Fiscalía General, los ciudadanos se desplazaban en vehículo particular. Cuando fueron abordados por un grupo de vigilancia privada denominado Convivir Guacamayas, que también actuaba como grupo paramilitar y de limpieza social en varios municipios de Antioquia, sin que hasta la fecha se conozca qué pasó con estas personas

Informes elaborados por el ente investigador señalan que dicha convivir atentaba contra los habitantes que “generaban sospechas” de pertenecer a las guerrillas o de ser informantes de las mismas, lo cual llevó a que se cometieran muchos crímenes

El Ejército Nacional respondió la demanda instaurada por los familiares de cada una de las víctimas argumentando que en este caso la responsabilidad fue del grupo armado ilegal y que en los hechos no intervinieron actores de la fuerza pública

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero, encontró que hubo una omisión por parte del Ejército al no evitar la desaparición de los siete hombres, teniendo en cuenta que la situación que se vivía en la zona obligaba a las autoridades a adoptar medidas para proteger a la población del accionar de grupos ilegales

“En estos eventos la responsabilidad del Estado se ve comprometida de forma especial y particular, toda vez que, precisamente, la administración pública –y especialmente el departamento de Antioquia– fomentó la creación y constitución de grupos armados denominados “Convivir” cuya finalidad era dotar de aparente legalidad y legitimidad a un fenómeno de paramilitarismo cuyo objetivo era exterminar los grupos subversivos”, indica la sentencia

La Sala explica que las autoridades tampoco cumplieron con sus funciones legales de capturar a los autores del secuestro, establecer las razones de lo ocurrido y determinar qué pasó con estas personas

“En un Estado que se dice Social de Derecho el manejo de las armas y de la defensa de la soberanía sólo está a cargo de las Fuerza Pública; fue precisamente esa comportamiento permisivo de la administración pública lo que permitió que se cometieran y perpetuaran actos execrables que atentaron contra los bienes e intereses jurídicos más esenciales de la población, en una punible y reprochable connivencia entre las autoridades públicas y los grupos armados ilegales”, puntualiza la sentencia

El fallo le ordena a la Nación investigar los hechos que generaron las violaciones, e identificar y sancionar a los responsables. Además, se debe desplegar una búsqueda exhaustiva y seria de los restos mortales de las víctimas

Finalmente, el Ejército Nacional deberá instalar una placa en la plaza central del municipio de San Roque, Antioquia, en memoria de los desaparecidos, como acto reivindicatorio de la dignidad de las víctimas y sus familiares.