Contraloría presentó nuevos reparos sobre la Reforma a la Salud

La Contralora general de la República, Sandra Morelli, hizo nuevos cuestionamientos al proyecto de ley ordinaria sobre la reforma a la salud, esta vez sobre el texto que fue radicado esta semana en la Cámara de Representantes

“El problema no está en la estructura y de ahí que la reforma se queda en aspectos no sustanciales aunque costosos en su implementación”, aseguró Morelli

Afirmó que “liquidar o crear nuevas entidades no es tarea fácil. Además, se requieren soluciones inmediatas en el sistema”

Por otra parte manifestó que la reforma no contiene garantizas para que los gestores no reproduzcan los mismos vicios de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que existen actualmente

Señaló que el proyecto “aplaza la solución a lo ordenado por la Corte Constitucional sobre las inversiones realizadas con los recursos de la salud, e ignora la realidad objetiva que esa infraestructura adquirida con UPC, sobre los bienes que se ponga a nombre de las IPS, EPS o gerentes o administradores u otras, lo que se debe sancionar penalmente”

Según un informe de la Contraloría “las medidas de tipo administrativo que han sido ordenadas por la Corte Constitucional no se han cumplido y no se cumplen con el proyecto de ley”

Asegura que el fortalecimiento de las gestoras coincide con lo que ha venido pasando en la estructura corporativa de las EPS, “activos y sociedades se van independizando de la matriz o EPS, y el gobierno se queda interviniendo cada vez menos la estructura”

Existe y se mantiene la autoprovisión de bienes y servicios al interior de un conglomerado, de manera que “no se somete a la lógica del mercado donde la calidad y precios tienen control implícito empresarial en salud: medicamentos, alimentación, indumentaria”, entre otros

Se establece ejecución de recursos con la entrega a los gestores, “sin que se registren hechos objetivos de causación, basta la mera entrega del recurso, sin que exista un único control”

Por último señaló que el proyecto de ley que cursa en el Congreso “hace nugatoria la medida de embargo”, por lo que preocupa además el futuro de la infraestructura hospitalaria, “sobre todo si el gobierno no define un plan general, de prestación de servicios para ejecutar por las entidades, públicas o privadas, o ambas”.