Control de advertencia a Minprotección por demoras en pagos a proveedores y médicos de EPS

La contralora general de la República, Sandra Morelli, hizo un control de advertencia al Ministerio de la Protección Social y a la Superintendencia de Salud ante las múltiples quejas, denuncias e inquietudes relacionadas con el aplazamiento de los pagos a los proveedores y prestadores de la salud vinculados con varias EPS, incluidos médicos e IPS relacionados con Saludcoop

Señaló que se permite advertir acerca de la necesidad de adoptar las medidas necesarias, a fin de evitar un detrimento patrimonial proveniente de repeticiones y demandas contra el Estado por la falta de acción oportuna del Sistema de Seguridad Social en Salud

“De la misma manera y ante el no pago de los recobros glosados al Fosyga, no solo para la EPS mencionada sino para todas las EPS del sistema, esta Contraloría entiende que estas cuentas por cobrar deberán surtir por parte de la Superintendencia de Salud el proceso de depuración contable correspondiente relacionado con la provisión o castigo de dicha cartera, según la edad de la misma, y el consabido efecto respecto de la liquidez y solvencia de las EPS que hacen parte del Sistema de Seguridad Social en Salud”, señala el informe del organismo de control

De otro lado, se entiende que los recobros no glosados deberán ser atendidos oportunamente de tal suerte que los recursos fluyan de manera eficiente, toda vez que no existe razón valedera para que haya hoy una mayor demora o parálisis de los pagos, cuando precisamente las reformas legales y administrativas que se han adoptado por parte de la Rama Legislativa y por parte del Gobierno Nacional, en sus distintas expresiones, han sido expedidas en orden a buscar una mayor eficiencia y evitar que se comprometa inadecuadamente la liquidez del sistema

En este orden de ideas y ante las múltiples expresiones de falta de liquidez de las diversas entidades que conforman el Sistema (EPS, IPS, médicos, proveedores en general) que necesariamente confluyen en un inadecuado servicio a los usuarios, contrariando el mandato constitucional que conlleva el que la salud sea un derecho fundamental en un estado social de derecho. Esta situación amerita una acción inmediata del Gobierno, de los reguladores y de todas las entidades públicas involucradas en la materia con el fin de dar las garantías para que se cumpla con la prestación eficiente de este servicio

Al respecto debe tenerse en cuenta que el compromiso de liquidez en gastos y adquisición de activos, que pudieran afectar un adecuado servicio, han sido puestos de manifiesto por parte de la Superintendencia Nacional de Salud en diversas decisiones y, es esa liquidez la que hoy debe ponerse al servicio de la salud para que cuenten con una atención oportuna de los servicios, cuyo derecho la ley les otorga, a través de los distintos regímenes.