ONU eleva a 3.000 las ejecuciones extrajudiciales en Colombia en últimos años
Las Naciones Unidas estimaron que los casos de "falsos positivos" superarían las 3.000 y de ellas el 89 % ocurrieron entre 2004 y 2008
La ONU estimó hoy que las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, practicadas en su mayoría por el Ejército, superarían las 3.000 y de ellas el 89 % ocurrieron entre 2004 y 2008, durante el Gobierno de Álvaro Uribe
El representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, reconoció que "en 2010 se confirmó una drástica disminución", pero detectó un retroceso en materia judicial por la falta de colaboración de la Justicia militar
"Hasta la fecha conocemos un universo de 2.500 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, pero de acuerdo a los datos existentes sobre casos y víctimas estimamos que más de 3.000 personas pudieron ser víctimas", afirmó Salazar
Y "el 89 por ciento de todos los casos que conocemos se produjo en ese lapso, de 2004 a 2008", agregó, en alusión a la mitad del mandato de Uribe, quien gobernó entre 2002-2010
El representante de la ONU se refirió así al escándalo de los "falsos positivos", como se denominan en Colombia a los civiles asesinados por el Ejército y presentados como muertos en combate para justificar éxitos en la confrontación armada
Salazar aclaró asimismo que "las sentencias dictadas hasta la fecha confirman que las denuncias no eran falsas como habían sostenido algunos políticos y militares", sino que por el contrario estos crímenes se cometieron de forma sistemática
Y expresó la preocupación del organismo por la lentitud, cada año más acentuada, en el traslado de estos casos desde la justicia militar a la ordinaria: "en 2008 se trasladaron 414 casos, en 2009 otros 267 casos y hasta agosto de 2010 fueron 102"
"Es sumamente preocupante el retroceso significativo en 2010 de la colaboración de la Justicia Penal Militar con la justicia ordinaria en el traslado de casos de ''muertos en combate'' con signos de violaciones de los derechos humanos", insistió Salazar
Además observó que "las destituciones y traslados de algunos jueces penales militares podrían estar motivadas por su colaboración con la justicia ordinaria"
"Ante las ejecuciones cometidas por la Fuerza Pública es imperativo que el Estado colombiano avance en los procesos judiciales (...) para esclarecer en el menor tiempo posible todas las denuncias", insistió Salazar.
