El gobierno asevera que liquidación de ESE del Seguro Social no afectará atención a los pacientes

El Ministerio de Protección Social ordenó, mediante decreto, la suspensión y cierre de la Empresa Social del Estado (ESE) "Policarpa Salavarrieta" y entregó el manejo de las clínicas al Seguro Social y Caprecom.
La agente liquidadora Martha Cecilia Diaz explicó que los pacientes y usuarios de las clínicas Manuel Elkin Patarroyo, en Ibagué, Carlos Hugo Estrada, de Villavicencio, Julio Sandoval Medina, de Sogamoso y el Federico Lleras Acosta, de Neiva, tendrán la atención sin alteraciones.
Explicó que previa evaluación médica los 54 pacientes que permanecían en el Federico Lleras, de Neiva, son atendidos sin contratiempos en la clínica Medilaser en la que se reportó que estan estabilizados.
Los pacientes de las clínicas Manuel Elkin Patarroyo, Carlos Hugo Estrada y Julio Sandoval han recibido y continuarán recibiendo atención médica en condiciones de normalidad.
Los cerca de 900 empleados de las cuatro clínicas serán liquidados con todas sus prestaciones en un año y se mantendrán las mujeres embarazadas y las madres cabeza de familia.
Sindicato denuncia "abuso del gobierno" por el uso de la fuerza pública
El presidente del sindicato del Seguro Social, Saúl Peña, aseguró que hubo excesos del gobierno en el proceso de cierre de las clínicas adscritas a la ESE.
En estas instituciones prestadoras de servicios de salud trabajaron hasta la noche del viernes, 1.280 empleados de planta y cerca de 2 mil contratistas.
Peña denunció que hubo presencia de miembros de la Fuerza Pública en el sellamiento de la clínica Manuel Elkin Patarroyo, en la ciudad de Ibagué.
"A las 3:30 de la madrugada, cerca de 100 miembros de la Policía Nacional ingresaron a la clínica y eso generó pánico entre los pacientes a quienes nunca les informaron lo que ocurriría ni a dónde los seguirán atendiendo", sostuvo el dirigente sindical.
La directriz del sindicato del Seguro Social a los empleados es que permanezcan en sus sitios de trabajo porque ninguno ha sido despedido.
El ministro de Protección Social, Diego Palacio, reconoció que el procedimiento se hizo sin avisar y que debió recurrir a la dirección operativa de la Policía Nacional porque "supimos que posiblemente iba a haber actos violentos y resistencia".
Palacio argumentó que esta determinación permitirá mejorar la atención a los afiliados al Seguro Social en esos departamentos.
Sobre la continuidad en la prestación de los servicios de salud, el ministro dijo que mantendrá un equipo médico para atender a los pacientes que estaban hospitalizados y que las redes de urgencias seguirán funcionando en Ibagué y Villavicencio.